El ministro de la Presidencia de Brasil, Rui Costa, anunció este miércoles en declaraciones que concedió a la prensa que decidieron reforzar la seguridad en todo el país ante las amenazas sobre nuevos ataques golpistas, como las que terminaron el domingo con el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia.
El anuncio lo realizó el alto funcionario brasileño luego de que tanto la Abogacía General de la Unión como la Fiscalía solicitaran a la Corte Suprema la adopción de medidas para prevenir posibles ataques terroristas y actos violentos y vandálicos.
“Determinamos medidas para reforzar la seguridad en todo el país, debido a que están circulando invitaciones a nuevas manifestaciones. Por eso, adoptamos una posición de precaución en torno a la seguridad de la Explanada de los Ministerios (la avenida en que están ubicadas las principales edificaciones públicas) y en ciudades de todo el país”, afirmó Costa.
El refuerzo fue determinado después de que los grupos compartidos por los bolsonaristas en las redes sociales divulgaran convocatorias para manifestaciones a las 18:00 hora local de este miércoles tanto en Brasilia como en São Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte.
Las convocatorias, con los lugares en que se realizarán las concentraciones, indican que se trata de manifestaciones por la “recuperación del poder”.
Los bolsonaristas más radicales, que no reconocen la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de octubre y defienden un golpe de Estado para derribarlo, protagonizaron el último domingo un violento ataque a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.
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Cerca de 1.500 seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro han sido detenidos por los actos de vandalismo del domingo, que provocaron cuantiosos y graves daños a las tres edificaciones, luego de que la policía, en una reacción tardía, consiguiera desalojarlos.
En su petición por medidas de urgencia a la Corte Suprema, la Abogacía General del Gobierno alega que la llamada Megamanifestación Nacional por la Retomada del Poder, convocada por los radicales, constituye un “nuevo intento de amenaza al Estado democrático de Derecho”.
El organismo gubernamental insta al Supremo Tribunal Federal a que ordene que las fuerzas de seguridad pública del Gobierno federal y de las Administraciones regionales adopten las medidas inmediatas necesarias para impedir invasiones y bloqueos de vías.
La Abogacía afirma que el Estado “tiene que ser salvaguardado y protegido”, por lo que es necesario “evitar tanto el abuso de derecho de reunión, utilizado como ilegal e inconstitucional, para verdaderos actos que atentan contra la democracia”.
Igualmente, solicitó la restricción puntual y momentánea del derecho a la manifestación y la imposición de multas a las personas y empresas que ofrezcan apoyo logístico y financiero a las protestas convocadas.
El organismo también pidió que el Supremo ordene la detención en flagrante de todos los que desobedezcan su decisión y que autorice el bloqueo de los grupos en redes sociales usados para convocar las manifestaciones.
