El tribunal de Brasil se pronunció desde el punto de vista constitucional sobre el orden en que deben presentar alegatos finales los acusados en un juicio en que alguno de ellos colaboró con la Justicia contra otro procesado, lo que fue moneda corriente en la Lava Jato.
La mayoría de los jueces sostuvieron que un procesado que colabora con la Justicia es como un “auxiliar de la acusación”, pues aporta pruebas contra otro que, en ese caso, debe presentar por último sus alegatos, lo que no ocurrió en la mayoría de los casos de la Lava Jato, que llevó a prisión a decenas de empresarios y políticos.
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Aunque se trata de un asunto estrictamente técnico y procesal, la decisión del Supremo consideró que esa inversión del orden en que se presentaron los alegatos atenta contra el derecho a la “legítima defensa” y hasta puede obligar a revisar sentencias, como de hecho ya decidió el propio tribunal al menos en dos casos.
Son los del ex presidente de la estatal Petrobras Aldemir Bendine y el ex gerente de esa empresa Márcio de Almeida Ferreira, condenados en la Lava Jato y cuyos procesos deberán volver al comienzo, pues en ambos casos entregaron alegatos antes de “acusados colaboradores”.
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La decisión tomó por sorpresa a los fiscales de la Lava Jato, un proceso que tuvo como juez principal al ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, y ya había sido puesto en duda por mensajes obtenidos por la prensa, en los que se sugiere que el magistrado dirigió de alguna forma la investigación, algo estrictamente prohibido por ley.
Esa acumulación de aparentes vicios procesales fue denunciada hasta el hartazgo por la defensa de muchos acusados presos, que ven en la decisión del Supremo la posibilidad de recuperar la libertad.
“Es una decisión muy importante para corregir los abusos de la Lava Jato”, declaró Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), que tiene en la cárcel por esa operación a su líder histórico, el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
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Sin embargo, las cosas pudieran ser más complicadas, ya que la Corte Suprema acordó que la próxima semana “delimitará” el alcance de su decisión, que según fiscales de la Lava Jato puede beneficiar a 143 de los 162 condenados por esa operación.
Aún cuando todavía se desconoce qué baremo establecerá la Corte, el abogado Antonio Tovo, de la firma Souto Correa y especialista en derecho penal, dijo a Efe que “la anulación o revisión de un proceso no significa absolución”.
Según Tovo, la polémica decisión del Supremo es en realidad un “intento de rescatar su papel de guardián de la Constitución, de las reglas de la justicia y las garantías”, que pudieran no haber sido totalmente cumplidas en los procedimientos de la Lava Jato.
Sin embargo, aclaró que se trata de “críticas al procedimiento” y a “los métodos de obtención de pruebas”, pero no significa que los escándalos de corrupción destapados no existieron o que quedarán sin castigo.
El abogado indicó que, en los casos de los dos ex funcionarios de Petrobras que tendrán sus procesos revisados, existe la posibilidad de que, una vez corregido el procedimiento, las penas se ratifiquen.
Otros, no obstante, llegaron a afirmar que la Corte puso en peligro no solamente el combate a la corrupción, sino también a las instituciones democráticas del país.
En esa línea se situó el jurista Modesto Carvalhosa, comentarista de varios medios de comunicación, quien afirmó que el “objetivo” del Supremo es “anular las condenaciones” de la Lava Jato y convertir a Brasil en “una dictadura de corruptos, organizaciones criminales y delincuentes de todo género”.
