“No tienen sentido las acusaciones contra mí”, señaló el líder ultraderechista este lunes en una entrevista en el pódcast Inteligência Ltda, en la que también participó el gobernador de São Paulo y su posible sucesor político, Tarcísio de Freitas.
Bolsonaro adelantó que sus abogados alegarán en la audiencia de este martes que el proceso debería empezar a tramitar en primera instancia y que, si el caso continúa en el Supremo, tendría que ser analizado por los once jueces del pleno de la corte y no por apenas los cinco de la Primera Sala.
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En su opinión, la causa está “llena de ilegalidades” y se basa en “una narrativa” que busca sacarle del tablero político.
Entre este martes y miércoles, la Primera Sala del Supremo decidirá si acepta los cargos formulados por la Fiscalía contra el ex jefe de Estado y otros siete acusados, entre los que figuran militares de alto rango y antiguos ministros de su Gobierno (2019-2022).
Bolsonaro es acusado de “liderar” una trama golpista que supuestamente buscó anular el triunfo de Lula en los comicios de 2022, que perdió ante el líder progresista, para mantenerle en el poder.
“No tiene ninguna lógica (...) Un golpe tiene que ser gestado” durante “como mínimo siete meses, tiene que contar con el apoyo del Parlamento, de la prensa, de la clase empresarial, de todas las Fuerzas Armadas, sin excepción”, enumeró.
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El ex presidente afirmó que un golpe de Estado “es algo fuera de la Constitución” y que apenas discutió, con la cúpula de las Fuerzas Armadas y un grupo de aliados políticos, “hipótesis” contempladas dentro de la Constitución por si “subía la temperatura” en el país.
En este sentido, señaló que “se habló” sobre decretar “el estado de sitio, el estado de Defensa” o una “intervención federal” con la participación de los militares “en dos reuniones”, pero que al final “olvidaron” esos escenarios.
Bolsonaro insinuó que llegaron a ese punto porque considera que no fue tratado “con respeto” por el Tribunal Superior Electoral (TSE), encargado de organizar los comicios en Brasil y al que acusó de “humillarlo” en el pleito de 2022.
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En este contexto, el ex mandatario, que acaba de cumplir 70 años y está inhabilitado políticamente hasta 2030 por sembrar sospechas sobre las elecciones y las instituciones democráticas, reiteró sus ataques contra la Justicia Electoral, que según él le perjudicó para favorecer a Lula.
También mencionó otras investigaciones de las que es objeto, como una por falsificar certificados de vacunación contra el Covid-19 y otra por supuestamente apropiarse de manera irregular de regalos que recibió durante su mandato y que deberían formar parte del acervo del Estado, según la Fiscalía.
“No hay nada”, aseveró sobre esos casos.
Fuente: EFE.
