El decreto castiga penalmente a quienes “difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que ponga en riesgo o afecte a la salud pública, generando incertidumbre en la población”.
Con la norma dictada el fin de semana “tienen que cuidarse esos ciudadanos que están tratando en las redes sociales de confundir, de enfrentar mal la información”, advirtió este lunes el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, quien afirmó que el decreto no alcanza a los periodistas, por estar regidos por otra ley.
Quienes “deberían estar preocupados” por las nuevas disposiciones son “los que nos quieren enfrentar y dividir a los bolivianos”, dijo Núñez, blanco él mismo de críticas en las redes tras transportar en un vuelo militar a una reina de belleza de su región.
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Los gremios de la prensa boliviana reaccionaron exigiendo la derogación del decreto de la presidenta interina, Jeanine Áñez, asegurando que restringe la libertad de expresión.
Las asociaciones de periodistas de La Paz y de Bolivia, APLP y ANPB, pidieron en un comunicado conjunto “que sea eliminada” esta norma, promulgada el fin de semana por Áñez.
La norma “establece una severa restricción, inconstitucional e inconvencional, al penalizar el derecho humano y fundamental a la libertad de expresión”, protestaron los gremios de periodistas, que exigieron “que sea eliminada”.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a dueños de medios impresos, expresó también su “profunda preocupación por el contenido del Decreto 4231 que amplía restricciones a la libertad de expresión contenidas en los decretos 4199 y 4200, aplicados en tiempos de pandemia”.
En las últimas semanas también surgieron denuncias en las redes sociales de viajes a fiestas de familiares y allegados de la presidenta Áñez en aviones militares, acusaciones negadas por el Gobierno.
Hasta 10 años de prisión
El Decreto 4231 endurece la sanción contenida en otro, el 4200, de marzo pasado, pues somete al ámbito penal al supuesto infractor. La pena oscila entre uno y 10 años de prisión.
“Esta es una clara violación de la libertad de expresión”, dijo Eva Copa, presidenta del Senado, de mayoría opositora.
El periodista y abogado Andrés Gómez, un consumado internauta, estimó que el decreto “pone en grave riesgo” la libertad de expresión, “porque penaliza la información, no la desinformación”.
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Tras la puesta en vigor del anterior decreto, Amnistía Internacional (AI) pidió en abril al Gobierno boliviano clarificar acusaciones de “desestabilización”, “desinformación” y “guerra virtual”, enmarcadas en esa norma contra 67 personas, 37 de las cuales ya habrían recibido sentencias a través de “procesos abreviados”.
La norma alarmó también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señaló que “no cumple con el principio de legalidad y no se ajusta al interés imperioso de proteger la salud” y pidió derogarla.
La medida fue objetada igualmente por el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien la consideró un “grave retroceso en libertad de expresión en Bolivia con el pretexto de combatir el Covid-19”.
