El senador Rafael Filizzola cuestionó el tratamiento regulatorio aplicado a ueno bank en comparación con otras entidades financieras y pidió al Banco Central del Paraguay (BCP) que presente las resoluciones, autorizaciones, cálculos e informes técnicos que justifican las facilidades concedidas al banco.
El legislador señaló que el caso de ueno no puede analizarse como una fusión bancaria más, debido a las condiciones autorizadas para concretar su fusión con Visión y al tratamiento de las inversiones en empresas vinculadas a la entidad.
El sistema financiero paraguayo experimentó un proceso de consolidación en los últimos tres años, con cuatro operaciones de fusión concretadas bajo la modalidad de absorción.
De acuerdo con los datos del periodo consultado, en todos los casos la primera entidad mencionada absorbió a la segunda, dando continuidad a sus operaciones bajo una sola denominación. El proceso se inició en julio de 2022 con la absorción de BBVA Paraguay SA por parte del Banco GNB Paraguay Saeca. Un año después, en julio de 2023, se concretó la fusión entre Sudameris Bank Saeca y Banco Regional Saeca, en la que Sudameris absorbió a Regional.
En junio de 2024 se sumó la operación entre ueno bank SA y Visión Banco Saeca, con ueno como entidad absorbente. La operación más reciente se registró en agosto de 2025, cuando Banco Continental Saeca absorbió a Banco Río Saeca.
Según Filizzola, el BCP admitió que, para hacer viable la operación de absorción de Visión por parte de ueno, se autorizaron tratamientos especiales que permitieron diferir pérdidas y previsiones relacionadas con una cartera vencida superior a G. 400.000 millones y previsiones por G. 550.000 millones.
El senador reconoció que este tipo de facilidades pueden estar contempladas en la legislación, pero cuestionó que, según su planteamiento, estas medidas se hayan otorgado desde el inicio de la administración del presidente Santiago Peña.
“Eso puede estar previsto en la ley. Lo llamativo es que estas facilidades aparecieron a partir del momento en que Peña inicia su administración, y con ello una serie de facilidades, una tras otra”, manifestó.
Cuestiona el cálculo del capital regulatorio. Otro de los puntos señalados por Filizzola es el tratamiento de las inversiones de ueno en empresas vinculadas. El senador afirmó que la entidad destinó G. 876.700 millones a capitalizar Redipro y Wepa, sin que esos recursos se descontaran de su capital para los cálculos de solvencia, como, según indicó, ocurre con otros bancos.
El legislador sostuvo que la normativa establece que las participaciones en filiales o empresas vinculadas deben deducirse y cuestionó que ese criterio no se haya aplicado de la misma manera en el caso de ueno. “Ueno no deduce nada. Y no estamos hablando de una suma menor”, expresó.
Filizzola aclaró que su cuestionamiento no se refiere a la existencia de facilidades para las fusiones bancarias. Mencionó que Sudameris y BBVA también recibieron medidas de este tipo, pero pidió explicar por qué ueno habría accedido a condiciones adicionales o diferentes.
“El punto es: ¿Por qué ueno, encima de todo, recibe un tratamiento que no vemos aplicado de la misma manera a los demás bancos?”, planteó.
Fondos públicos y operaciones
El senador Filizzola también puso el foco en los depósitos públicos y previsionales que mantiene la entidad. Afirmó que ueno es el mayor depositario privado de fondos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS), con USD 850 millones, cifra que, según indicó, se aproxima a USD 900 millones al sumar los recursos de Itaipú.
El legislador vinculó la expansión del banco con el inicio del actual Gobierno y las facilidades regulatorias concedidas durante ese periodo. En su exposición, mencionó además el paso de un ex presidente de ueno a la presidencia del BCP, las autorizaciones para diferir pérdidas y la canalización de recursos públicos hacia la entidad.
También incluyó entre sus cuestionamientos el financiamiento a empresas vinculadas y el financiamiento indirecto mediante la venta de cartera, operaciones que calificó como infracciones regulatorias que, según afirmó, hasta ahora no tuvieron consecuencias.
El legislador cuestionó, asimismo, el cálculo del capital regulatorio utilizado para evaluar la solvencia del banco.
Ante cuestionamientos, solicita más documentos al Banco Central
Ante estos cuestionamientos, Filizzola sostuvo que los integrantes del Directorio del BCP deben presentar documentación que permita conocer los fundamentos de las decisiones adoptadas, en lugar de limitarse a pedir confianza en el organismo.
“Deben mostrar las resoluciones, las autorizaciones, los cálculos y los informes técnicos que justifican esas facilidades o el tratamiento excepcional”, señaló.
El senador advirtió que si las mismas reglas no se aplican de igual manera a todas las entidades financieras, podría configurarse un trato preferencial. Agregó que la situación involucra no solo a ueno, sino también al Banco Central, al Gobierno y a la confianza en el sistema financiero, debido a la participación de recursos estatales y de los jubilados en el fondeo de la entidad.
Finalmente, Filizzola recordó la crisis bancaria de Paraguay de los años noventa y cuestionó que la supervisión financiera pueda tolerar excepciones que comprometan el control de las entidades.
“La función del Banco Central no es proteger a un banco. Es proteger al sistema y a los depositantes”, concluyó.
