El presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, anunció que presentará, junto a otros legisladores, un proyecto para declarar en situación de emergencia la seguridad vial en todo el territorio nacional, ante el elevado número de muertes por accidentes de tránsito.
El documento consta de tres artículos. El primero declara en situación de emergencia los siniestros viales en todo el territorio nacional, como consecuencia de la alta tasa de mortalidad y de lesiones que ocurren anualmente; el segundo artículo insta a las autoridades competentes a adoptar medidas urgentes para fortalecer los controles de velocidad, alcoholemia y uso obligatorio de elementos de seguridad, y el tercer artículo exhorta a los gobiernos departamentales, municipales y nacionales la implementación de una campaña de educación vial.
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Núñez rechazó la denuncia presentada por sus colegas de la oposición, a quienes calificó de “populistas”, y señaló que las estadísticas muestran una leve disminución de fallecidos en los últimos años: 1.413 muertes en 2021, 1.332 en 2022 y alrededor de 1.160 en 2024. “Si seguimos esa lógica, entonces yo tengo que denunciar también a Arnoldo Wiens”, ironizó.
El titular del Congreso remarcó que la problemática de la seguridad vial es integral y tiene múltiples factores, entre ellos el estado de las rutas, la falta de control en la expedición de licencias de conducir y la conducción en estado de ebriedad. “Dar una licencia a alguien que no sabe manejar es, en los hechos, darle una licencia para matar”, advirtió.
En ese sentido, cuestionó que conductores ebrios sigan circulando sin sanciones efectivas y propuso la implementación del sistema de licencia por puntos, así como el uso de fotomultas y radares. “En los países donde se aplicaron estas medidas, la mortalidad por accidentes de tránsito disminuyó hasta un 30%”, afirmó.
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También mencionó la necesidad de mejorar la infraestructura vial, lo que podría reducir entre un 20 y 30% las muertes, y criticó la falta de una inspección técnica vehicular a nivel nacional. “Solo Asunción y unos pocos municipios la aplican realmente. En muchos casos se cobra, pero no se controla”, denunció.
Finalmente, alertó que el 60% de los fallecidos y de los internados en terapia intensiva son motociclistas, y recordó la obligatoriedad del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT). “Tenemos cerca de 40.000 lesionados al año. Por eso, presentamos este proyecto de declaración, porque la situación es grave y requiere una respuesta urgente y coordinada”, concluyó.