A partir de ayer entró en vigencia la polémica Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, que estaría rigiendo solo para el Ejecutivo y sus dependencias, ya que se excluyó al Legislativo y Judicial.
Días pasados, se dio una reunión en la que participaron el procurador general Marco Aurelio González y la viceministra de Capital Humano del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Andrea Picasso, con el titular de Diputados, Raúl Latorre, para ultimar los detalles sobre la implementación.
De acuerdo a lo que establece la ley, se apuntaría a garantizar que la profesionalización sea la base de una administración pública más moderna y eficiente.
Picasso había indicado que la normativa se divide en dos componentes, citando la Función Pública y la carrera del Servicio Civil.
Esta iniciativa había generado un amplio rechazo por parte de los gremios de funcionarios estatales y contó, además, con la resistencia del Poder Legislativo, que se excluyó de los alcances de la normativa, al igual que el Poder Judicial y otros estamentos del Estado, restando así fuerza y alcance a esta propuesta del Ejecutivo.
Recientemente, también se dio una manifestación en contra de la Ley.
En detalle. Al momento de ser presentado el proyecto, por parte del Ejecutivo, la intención era que la legislación afecte a todos los poderes del Estado, según lo aclararon desde el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Los diputados y senadores introdujeron varios cambios, entre ellos, la excepción de que la ley les afecte a ellos como poderes del Estado, bajo el principio de la independencia de poderes.
En la Cámara Baja ampliaron la cantidad de “cargos de confianza” para directores de comisiones y bancadas.
El Ejecutivo pedía reducir estos cargos que no concursan, y asignaba esta posibilidad solo a direcciones de Administración, Asesoría Jurídica, Jefatura de Gabinete y Secretaría General.
