Política

Avanzan sus casos, pero Noguera y Rivas siguen impunes

 

Mientras la investigación abierta al senador de Colorado Añetete Rodolfo Friedmann dio un paso más y el fiscal ya presentó una acusación en su contra, el diputado de su mismo movimiento, Éver Noguera, continúa sin ser sometido a la Justicia, pese a estar implicado en el mismo caso y a contar con una imputación por administración en provecho propio y asociación criminal.

Friedmann fue acusado por el fiscal Osmar Legal por lavado de dinero, administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado y asociación criminal. Esto en el marco de un proceso sobre un negociado con la merienda escolar en el Departamento de Guairá, del que es parte Noguera.

La Fiscalía asegura que el senador montó un esquema con una empresa que él dirigía, pero luego fue adquirida con las acciones del diputado Noguera para cubrir su nombre. Sin embargo, esto no pesó para las bancadas coloradas en la Cámara de Diputados y en lugar de dar lugar al pedido de desafuero que pidió la Fiscalía, decidieron acusar al agente de cometer persecución política. Así protegieron al legislador, quien quedó impune.

Caseros. El diputado de Honor Colorado Tomás Rivas también es un beneficiado del poder político. Ayer fueron condenados a dos años de cárcel con la suspensión a prueba de la ejecución de la pena (no irán a prisión) Reinaldo Chaparro, Nery Franco y Lucio Romero, por cobro indebido de honorarios. Son los empleados particulares del legislador que percibían un salario sin acudir a trabajar en la Cámara de Diputados, en el caso conocido como caseros de oro.

Uno de los jueces ya había afirmado que esto solo pudo haber pasado con la aprobación de un diputado, no obstante, hasta ahora se sigue retrasando el inicio del juicio oral para Rivas, debido a las numerosas chicanas.

Rivas está acusado por estafa y cobro indebido de honorarios, en el mismo caso que sus caseros.

El juez de Garantías, Raúl Florentín, dispuso que el legislador colorado debía enfrentar juicio oral por esos hechos, sin embargo, el fallo fue apelado y aún no fue resuelto.

En el caso de los caseros, se demostró la estafa en contra del Estado, ya que percibían salario sin trabajar en Diputados.

Explicaron que en el caso de Franco el perjuicio fue de G. 24 millones, de Chaparro de G. 16.937.080, y de Romero fue de G. 16.895.830, por los salarios cobrados.

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