Luego del debate en el que los ediles oficialistas y opositores de la capital expresaron sus posturas a favor y en contra de los dictámenes presentados, fue aprobada la licitación para la compra de combustible.
Con 13 votos a favor, seis en contra, una abstención y cuatro ausencias, se impuso el Dictamen A, que aceptaba la licitación por un monto de alrededor de G. 40.000 millones (USD 5 millones).
El Dictamen B, presentado por el concejal Álvaro Grau (PQ), planteaba la suspensión de la licitación. A esta moción Pablo Callizo, edil del mismo partido, pidió que ante la emergencia la compra sea hecha por vía de la excepción para luego realizar otro llamado.
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Por su parte, el sector oficialista argumentó que el Dictamen A, que tuvo como base el pedido de la Intendencia para la compra fue aprobado por los tiempos límites.
Además, argumentaron que existe el riesgo de que los móviles de la Municipalidad no puedan movilizarse por la falta de combustible.
Según dijeron, la solicitud del ejecutivo municipal planteaba una compra por valor de G. 80.000 millones. El plazo límite para aceptarla era el 30 de junio, por lo cual los concejales decidieron la aprobación de la propuesta reduciéndola a la mitad de lo solicitado, según expresaron los oradores.
Coincidieron con los opositores en que es positivo que la Junta Municipal tenga la potestad para modificar el pedido que llegó desde el ejecutivo municipal.
Durante la sesión hubo un debate mécanico-dialéctico entre Grau y el concejal oficialista Miguel Sosa sobre la inyección electrónica de los vehículos.
El primero señalaba que los camiones y camionetas de la Municipalidad usan diésel común, pero el 80% de la licitación contempla la compra de diésel pódium.
Sosa refutó a su colega y señaló que desde el 2000 por recomendación medioambiental ya utilizaban dicho sistema electrónico. Posteriormente, ambos volvieron a intercambiar pareceres mecánicos.
Dudas sobre el uso
El concejal Callizo lamentó que la Junta no tuvo mucho tiempo para debatir ni analizar la licitación que fue aprobada al mediodía de hoy en la sesión extraordinaria.
Además, aún con el recorte hecho a la propuesta original de G. 80.000 millones, consideró que no era el momento para aprobar la licitación.
Las dudas también aparecieron porque hubo un solo oferente para la licitación, la firma Petróleos del Sur SA.
“Hay también muchas dudas sobre cómo se utiliza ese dinero, cómo se utiliza el combustible. Entonces, también queríamos tener informes al respecto de la utilización y que haya un mayor control”, expresó.
Callizo contó que los pedidos de informes realizados al intendente, ahora apartado del cargo por la intervención, Óscar Nenecho Rodríguez no tuvieron eco.
La oposición además sospecha de que se esté solicitando la compra de un tipo de combustible, pero que pueda estar cargándose uno de menor calidad a los vehículos.
“Ahí sí, también se ve una gran irregularidad ya que hay alrededor de 1.000 guaraníes de diferencia y eso multiplicado por la cantidad de litros que se usan es bastante dinero que se está pagando por un producto que no se está usando”, observó el concejal.
Según dijo, la decisión ahora pasa a manos del interventor Carlos Pereira, quien tiene la última palabra para aprobar o rechazar lo resuelto por la Junta. Para tomar dicha decisión, cuenta con un plazo de 15 días.