Fueron imputados Édgar Torres y María Lila Contreras, representantes de la empresa Prolife SA –los que alquilan el local deportivo–. También se pidió iniciar el proceso penal contra Óscar Daniel Ruiz y María Marcela Contreras, de la empresa Epro SA, quienes subarriendan el complejo.
La fiscala sostiene en su imputación que los dos primeros habrían violado normas de cuidado que asumieron cuando firmaron contrato para usar el complejo Arrayanes, ubicado en la avenida Mariscal López casi Manuel Talavera, del barrio Herrera de Asunción.
El lugar, incluso, se estaba explotando sin tener la licencia comercial ni planos aprobados por la Municipalidad de Asunción.
Por su parte, los de la empresa Epro fueron imputados por también violación de normas de cuidado y porque no se cumplió con el mantenimiento de la parte eléctrica, supuestamente, ya que “la estructura metálica de la lumínica de la cancha N° 1 del predio no se encontraría en condiciones de aislamiento, presentando tensión”.
El joven Rodolfo Núñez estaba participando del torneo de ex alumnos; en un momento dado, se recuesta por una de las columnas, donde recibe una descarga eléctrica que le produce la muerte.
En ese momento, los ex compañeros midieron la tensión en la columna, lo cual arrojó entre 149 y 164 voltios, es decir que había pérdida.
Dos días después se volvió a hacer la medición y tenía 70 a 80 voltios.
Ese día, rápidamente, el joven fue llevado hasta un sanatorio, donde fue reanimado por 54 minutos, pero ya sin lograr salvarle.
En el cuerpo del joven habían encontrado una ampolla y se pudo determinar que ese fue el punto de entrada de la descarga eléctrica sufrida.
