Marta Elizabeth Maidana de Martínez fue detenida el pasado 18 de junio de 2025 en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, cuando acudió a renovar su cédula de identidad, por un requerimiento de la fiscala Noelia Soto, quien imputó “ a ciegas” en un mismo día a dos mujeres con el mismo nombre por un caso de invasión de inmueble en Villarrica.
Fue en ese momento, en el Departamento de Identificaciones de San Lorenzo –y no antes– que se enteró de que estaba imputada en una causa penal y que existía una orden de detención en su contra desde el 13 de junio de 2022. Apenas ocho días después, el 21 de junio de ese mismo año, había sido declarada rebelde por la Justicia sin haber sido notificada ni citada previamente.
Durante esos tres años, Marta vivió sin saber que era considerada prófuga. Viajó por vía terrestre y aérea, saliendo del país rumbo a Buenos Aires y luego a São Paulo, sin que ninguna alerta se activara en los controles migratorios. Su nombre nunca figuró en los sistemas de captura, lo que revela una preocupante ineficiencia institucional. La Policía Nacional no logró ejecutar la orden de detención y los sistemas de control fronterizo no detectaron su situación judicial, permitiendo que cruzara fronteras sin obstáculos.
Lo más grave es que Marta fue involucrada en una causa penal de forma errónea. Nunca fue notificada, nunca se defendió, y durante tres años vivió bajo una sombra de persecución injusta, sin siquiera saberlo. Su detención no solo representa una falla técnica, sino una herida institucional que exige reparación, transparencia y compromiso con la verdad.
Este caso revela la falta de interoperabilidad entre el Poder Judicial, Migraciones y la Policía Nacional. También expone la ausencia de mecanismos de revisión para imputaciones erróneas y la vulnerabilidad de ciudadanos ante errores que se perpetúan por años. Está historia debe ser un llamado urgente a revisar protocolos, fortalecer controles y, sobre todo, garantizar que ningún ciudadano sea perseguido por error.
