La ex directora de Gestión y Reducción de Riesgos de la Municipalidad de Asunción, Nidia Rosa López de González, admitió que hubo fallas en la administración de los gastos durante la época de la pandemia de Covid-19, bajo la gestión del ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez.
La funcionaria fue beneficiada con la suspensión del proceso luego de admitir los hechos y comprometerse a devolver G. 200 millones a la Comuna.
Al ser cuestionada sobre su presunta participación en un esquema para la compra de detergentes de dudosa procedencia, López –ahora titular de Dinacopa– declaró: “Yo no puedo no aceptar, que a mí no me correspondía el control de recibir las mercaderías; yo soy la directora general. He aceptado, porque tendría que haberlo hecho también, porque para la Justicia es así”.
Las compras bajo investigación se realizaron mediante tres contratos principales entre 2020 y 2021, en el contexto de la emergencia sanitaria.
López, quien se desempeñó como directora general de riesgos de enero de 2020 a agosto de 2023, argumentó que, según la Carta Orgánica Municipal, el único ordenador de gastos es el intendente, una función que calificó como “intransferible”.
No obstante, el acta de imputación revela que la administración de Nenecho delegó en ella y en Édgar Estigarribia Gavilán las funciones de ordenadores de gastos y habilitados pagadores.
La ex directora reconoció que desde su área se realizaron los llamados para la compra de detergentes, pero sostuvo que cumplió con lo establecido por la ordenanza municipal.
Admitió, sin embargo, que hubo “errores de forma” y “debilidad administrativa” en el proceso.
Para explicar su rol, López comparó la situación con la de un director general en una empresa, donde un equipo se encarga del control de entregas y remisiones.
Señaló que, al transcribir el contrato en la Municipalidad, los documentos no coincidieron con las facturas.
“El director administrativo tiene su equipo que hace el control de las entregas, de las remisiones. Al transcribir el contrato (en la Municipalidad), no coincidió con la factura, con la remisión”, recordó.
investigación. El acta de imputación precisa que López y Estigarribia firmaron los contratos de adjudicación (N° 12, 16 y 06) con las empresas DFR SA, COVA y Bastian Comercial, vinculadas al supuesto esquema.
López atribuyó parte de las irregularidades a las condiciones excepcionales de la pandemia, mencionando que trabajaban por cuadrillas, que el director operativo falleció y que ella misma estuvo 47 días en terapia intensiva, lo que retrasó su regreso a la institución por nueve meses.
Según el acta, López participó en la remisión de memorandos para la transferencia de recursos a la Dirección General de Administración y Finanzas, entonces a cargo de Wilfrido Cáceres, y firmó comprobantes de ejecución presupuestaria y cheques a favor de los proveedores.
La funcionaria defendió el proceso, afirmando que pasó por todos los órganos de control municipales y que las transferencias se ordenaban mediante resolución del intendente.
El acta de imputación también refiere que la dirección a cargo de López y Édgar Estigarribia emitió órdenes de compra a nombre de DFR SA, Cova y Bastian Comercial, “de los cuales se desprende que estas personas, las mismas que han suscrito los contratos, solicitaron detergentes desinfectantes en pulverizador de la marca Surfalkan SH y no Septalkan, como estipularon en los contratos N° 12 y 16, con lo cual se desprende que los mismos habrían simulado las solicitudes y también se habría simulado las entregas de productos”.
La empresa adjudicada no tenía permisos
El Ministerio Público también concluyó que las firmas adjudicadas no contaban con las autorizaciones de Genemed SA (distribuidora exclusiva de los productos de la marca Septalkan y Surfalkan SH) para la provisión de los productos requeridos por la Comuna.
En lo que respecta al proceso contra Nidia López, se resolvió que además de la reparación económica, la funcionaria comparezca en forma trimestral al Juzgado de Ejecución por el plazo de un año y comunique cualquier cambio de domicilio o salida del país. Con la finalización del proceso, el Juzgado dejó sin efecto las medidas cautelares impuestas previamente.
El caso ocasionó un perjuicio de G. 1.808 millones a la Municipalidad de Asunción.
