El presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym), Raúl Valdez, advirtió que recurrirán a un arbitraje internacional si el conflicto por el cobro del peaje impuesto por el Gobierno de Argentina —a través de una resolución ministerial— no se resuelve en el ámbito político.
“Esperamos que esto se resuelva en el ámbito político; de lo contrario, tendremos que ir al arbitraje internacional y eso no le conviene a nadie”, expresó durante una entrevista con Monumental 1080 AM.
Para el 30 de agosto está fijada una nueva reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, por lo que desde el gremio esperan que las futuras autoridades se reúnan la próxima semana, luego del traspaso de mando, y lleven el tema del peaje al nivel político más alto.
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El impasse entre Paraguay y Argentina se acrecentó tras la retención por 10 días de un buque con bandera paraguaya, que el viernes pasado fue liberado luego de que el armador se viera forzado a pagar USD 4.000 más intereses y otros costos.
Valdez comentó que el proceso de liberación de la embarcación se dio a través de ciertos procesos “bastante hostiles y poco amistosos”, donde el armador afectado tuvo que ceder porque se exponía a más pérdidas e incluso perder el contrato con el cliente por incumplimiento.
“Cada hora que pasaba, la pérdida para este armador se iba agrandado. Estimamos que estaría rondando los USD 400.000”, subrayó.
En ese sentido, Valdez consideró que este nuevo hecho se “suma a una lista de incidentes y agraviantes que solo demuestran que no existe buena voluntad por parte del Gobierno de Argentina para tratar este tema”.
Reiteró que los armadores paraguayos están acudiendo a todas las vías legales disponibles “para poder justificar nuestro desacuerdo con el cobro. Incluso se estaba llamando a la inconstitucional el cobro pretendido por la Argentina”, señaló.
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El cobro de canon arbitrario es rechazado por los países signatarios del Acuerdo Santa Cruz de la Sierra (Bolivia, Brasil y Uruguay), además del Congreso Nacional paraguayo, donde se sostiene que el peaje viola la libre navegabilidad de los ríos.
El fondo del problema, de acuerdo con Valdez, es que no existe una contraprestación de servicios comprobada que pueda trasladarse en un beneficio al usuario.
Argentina impuso el canon de USD 1,47 por tonelada a través de una resolución del Ministerio de Transporte, que “está atropellando los tratados internacionales, al derecho marítimo internacional y a las bases fundamentales del Mercosur. Eso es lo que estamos pelando”, sostuvo Valdez.
Desde el gremio estiman que con el pago de ese arancel cada viaje de embarcación paraguaya costaría alrededor de USD 800.000.
“Lo que pretendería cobrar Argentina en un año es la suma de USD 50 millones por un servicio que no se está prestando”, afirmó.
Hasta ahora, el perjuicio llega a los USD 3 millones por el pago de algunas empresas paraguaya, según la senadora Kattya González.
