La senadora Kattya González insistió ayer, durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta, que el peaje cobrado por Argentina en un tramo de la hidrovía entre Santa Fe y Confluencia puede implicar un sobrecosto anual de USD 50 millones y reveló que hasta ahora el perjuicio ya llega a los USD 3 millones, por el pago que realizaron algunas empresas paraguayas. Este monto no incluye el costo de las acciones judiciales emprendidas por compañías que no aceptan abonar el tributo.
“Este peaje también viola las bases constitutivas del Mercosur (...), que tiene determinados principios que avalan su funcionamiento (...). El señor canciller nos informó que las instancias técnicas del tratado, que tiene sus mecanismos internos, ya fueron agotadas, y efectivamente, Argentina no pudo justificar la realización de ninguna inversión en el trayecto de la parte de la hidrovía que compete a su país”, declaró González.
Calificó como “muy grave” lo acontecido con una embarcación de bandera paraguaya, que fuera retenida mediante una orden judicial por no abonar el canon en el vecino país. “Esta interdicción, dispuesta de manera unilateral, contraviene las disposiciones acordadas en el Tratado de la Hidrovía Paraguay-Paraná, además de generar una grave afectación a los valores, propósitos y compromisos asumidos en el Tratado de Asunción, por el cual se sientan las bases para la creación del Mercado Común del Sur”, denunció la senadora.
Asimismo, el senador Gustavo Leite recordó que existe un acuerdo entre los países que comparten la hidrovía, y que se puede cobrar peaje, “pero cuando hay contraprestación”, lo que no se cumple en este caso. “Es una medida injusta e injustificada. Esto afecta a nuestro comercio exterior, va a traer mayores costos a la canasta familiar”, advirtió el legislador.
A su turno, el senador Eduardo Nakayama expresó que la navegación por la hidrovía “es una cuestión de vida o muerte para el Paraguay”. Añadió que el país exporta e importa productos por la vía fluvial, y cualquier medida que atente contra la navegabilidad repercute directamente en el comercio paraguayo y, por ende, en productores y consumidores nacionales.
Declaración. Además, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de declaración que recuerda a Argentina la vigencia del acuerdo de Santa Cruz de la Sierra de transporte fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná, y que “requiere la eliminación inmediata del cobro de la tarifa de peaje” entre el puerto de Santa Fe y su Confluencia con el río Paraguay, “por transgredir normas de orden jurídico internacional”.
Es más, a excepción de Argentina por supuesto, los países signatarios del acuerdo (Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay), ya solicitaron suspender la medida por la afectación a los usuarios de la vía navegable con repercusiones “en la economía y el comercio exterior”, pero sin resultados hasta ahora.
65 por ciento del comercio exterior por la hidrovía corresponde a la exportación, según la Cancillería.
80 por cierto del comercio exterior se mueve por la vía fluvial, y de esta cifra, el 35% es por la importación.
El Congreso Nacional en contra
Con la aprobación de la Cámara Alta a una declaración que exige eliminar el peaje cobrado por Argentina en un tramo de la hidrovía, se confirma el disgusto de todo el Congreso Nacional, considerando que también la Cámara de Diputados aceptó, resolución mediante, una declaración idéntica. Los miembros de la Cámara Baja aprobaron su rechazo al tributo en la sesión del pasado miércoles cuando calificaron el canon como ilegal, injusto y atentatorio contra la libre navegación y el libre comercio de la región. Ahora, ambas decisiones serán remitidas al Ejecutivo para que este, a su vez, como encargado de las relaciones internacionales, haga llegar los documentos a Argentina.
