BUENOS AIRES
Los extranjeros no residentes en Argentina comenzarán a pagar por la atención médica no urgente en los hospitales públicos nacionales, anunció este martes el Gobierno del presidente Javier Milei, que dice combatir el “turismo de salud”.
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno argentino puso en práctica un decreto de 2025 que modificó la Ley de Migraciones, y cuya única excepción son los casos de riesgo de vida.
Atención gratuita. ”La atención de emergencia no será cobrada ni deberá ser demorada con procedimientos burocráticos o administrativos”, aclaró el martes en una rueda de prensa el vocero presidencial, Adrián Ravier.
Serán socorridos sin dilación aquellos que presenten infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, quemaduras extensas, emergencias obstétricas, pediátricas o neonatales, entre otros, detalló en un comunicado el Ministerio de Salud.
En cambio, aquellos extranjeros que no acrediten su residencia permanente y requieran un tratamiento sin urgencia deberán contar con un seguro médico o saldar el total de las prestaciones antes de ver al médico.
El decreto también estableció requisitos más estrictos para obtener la residencia y la ciudadanía e instrumentó expulsiones más rápidas para quienes cometan delitos.
Además, habilitó a las universidades nacionales a arancelar el servicio educativo a estudiantes no residentes.
En Argentina la atención médica y la educación son gratuitas dentro del sistema público.
Contra los tours sanitarios. Durante su conferencia, Ravier dijo que la medida ataca los “tours sanitarios, donde hay gente que viene al país, se atiende en un hospital público y se vuelve a su lugar de origen”.
El portavoz presidencial no dio detalles ni cifras sobre ese tipo de casos.
Como país federal, el poder ejecutivo nacional solo puede decidir sobre los hospitales a su cargo, mientras que las provincias tienen autonomía para adoptar su propia normativa.
Algunas provincias con fronteras internacionales, como Jujuy, Salta, Santa Cruz o Mendoza, ya cobran determinadas prestaciones a extranjeros no residentes.
La oposición política objeta la medida contra la gratuidad de la atención, al asegurar que no tiene base.
