Durante la reunión con los jefes comunales, tanto la Conacom como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios pretenden delinear las acciones para combatir las apuestas ilegales.
Carlos Liseras, representante de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y presidente de Conajzar, encabezará la reunión con autoridades municipales para informar sobre las disposiciones del Decreto 3846 que reglamenta la Ley 7438.
La citada normativa establece un nuevo marco legal para las apuestas y establece exigencias técnicas para el funcionamiento de las salas de juegos.
Lea más: Peña promulga ley que integra Conajzar a la DNIT: ¿Qué implica para los juegos de azar?
Uno de los principales puntos es que las máquinas tragamonedas deberán operar bajo estándares tecnológicos actualizados y estar conectadas en línea, lo que facilitará un control en tiempo real por parte de la Conajzar.
Municipios deben otorgar licencias
Al respecto, Liseras recordó que los municipios son los responsables de otorgar licencias para las salas de juego, por lo que resulta clave su participación en este proceso de transición legal y tecnológica.
En esta misma línea, la Conajzar cuenta con un convenio de cooperación y asistencia técnica con la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (Apoja). Ese acuerdo tiene por objetivo definir un plan para implementar los cambios de manera ordenada, proteger las inversiones del sector y promover el juego responsable.
Lorena Rojas, titular de la Apoja, destacó la importancia del encuentro con los intendentes, ya que se busca establecer los procesos de adecuación de los operadores. Asimismo, indicó que la asociación habilitó una plataforma de acceso y uso gratuito para denuncias sobre apuestas clandestinas y orientaciones sobre prácticas de juego responsable.
Conforme a la nueva ley, en caso de incumplimientos, la Conajzar tiene facultades para incautar las máquinas tragamonedas y bloquear sitios web que operen apuestas ilegales.
Asimismo, aquellos que permitan o exploten tragamonedas en las calles se exponen a la aplicación de la multa de un salario mínimo por cada máquina tragamonedas usada de forma clandestina.
Además, los comercios también se exponen al cierre temporal o definitivo por estas infracciones; de igual forma, los jugadores también se exponen a sanciones.
