12 abr. 2026

Aprueban proyecto de papel cero en instituciones públicas

Un proyecto de ley que busca reducir gradual y eficazmente a cero el uso del papel en todas las instituciones públicas fue aprobado en la Cámara de Diputados. La disminución del papel sería en forma gradual.

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El proyecto de papel cero fue aprobado por la Cámara de Diputados.

Foto: freepik.es

Los diputados dieron media sanción al proyecto de ley de agilización en los trámites públicos (papel cero) con 44 votos, con lo que se busca que las instituciones públicas se adhieran al servicio de Gestión de Documentos en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación.

El proyectista Tito Ibarrola mencionó que el proyecto busca una disminución del uso y un ahorro importante en el papel, así como en gastos destinados a fotocopiadoras y tintas.

Según el documento, con base en datos extraídos de la Ley 6026, que aprueba el Presupuesto General de la Nación 2018, el gasto del código 330 (productos de papel, cartón e impresos), en todas las entidades estatales asciende a la suma global de G. 38.511 millones.

“Más allá de la disminución, apuntamos a la modernización y el uso de la tecnología. Se pretende sistematizar los diferentes procesos de todas las instituciones del Estado, de manera que todos vayan acercándose a la tecnología”, explicó Ibarrola.

Nota relacionada: Diputados duplicó presupuesto en papel en 5 años en plena era digital

El documento aprobado con dictamen de la Comisión de Legislación pretende una reducción del 50% en los dos primeros años de la implantación de la normativa, la cual aún debe tratarse en la Cámara de Senadores y posteriormente debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo para que entre en vigencia.

“El primer año de implementación se buscará un 30% y en el segundo año 20%, llegando al 50%”, explicó Celeste Amarilla, presidenta de la comisión.

Señaló que la ejecución de la normativa, en todas las instituciones, deberá estar reflejada en el presupuesto destinado a los rubros de insumos de papel, con lo que se podrá medir la reducción.

El proyecto pretende que el Ministerio de Hacienda sea el que funja como órgano regulador; además, en caso de promulgación, se establecerá un plazo de 180 días para que las instituciones presenten un plan de digitalización.

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