Otros cinco ex funcionarios de la Gobernación fueron sentenciados en la causa, que se inició por el desvío de G. 5.105.600.000 de los fondos destinados a proyectos de reactivación económica, asignados para obras civiles y viales, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.
Los demás condenados son Miguel Ángel Robles Ibarra, ex asesor y ex director de Gabinete, a una pena de 10 años de prisión; y Javier Marcelo Rojas Giménez, ex director de Administración y Finanzas; Lourdes Lezcano Decoud, ex secretaria; Luis Eduardo Allende Araújo, ex tesorero; y Modesta Valiente, ex secretaria, a 2 años de prisión cada uno.
A todos ellos, sus medidas sustitutivas les serán revocadas para su remisión a prisión.
Durante el juicio, los agentes fiscales Rodrigo Espínola, Néstor Coronel y Francisco Cabrera actuaron en representación del Ministerio Público, y pudieron demostrar que durante la administración de Hugo Javier González se implementó un esquema delictivo, que los proyectos nunca fueron ejecutados y carecían de los respaldos técnicos y financieros necesarios para justificar las resoluciones firmadas por el entonces gobernador.
El daño causado “va más allá del monto sustraído, ya que se atentó directamente contra la capacidad del Estado paraguayo para atender una emergencia sanitaria, afectando profundamente a la población”, destacó en su alegato el fiscal Rodrigo Espínola.
ESQUEMA DELICTUAL. “Miguel Ángel Robles Ibarra ideó y lideró un esquema formado por funcionarios de la Gobernación y representantes de la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y así también con constructores para la realización de obras. Esto, para conseguir el desembolso de sumas de dinero por parte del Estado. Entonces, así coordinó con todas estas personas todos los trabajos para ocultar el uso del dinero público”, señaló, durante la ,lectura de la sentencia, la jueza Karina Cáceres, quien presidió el Tribunal que integraron además las juezas Yolanda Morel y Ana Rodríguez,
“A cuantas familias se hubiera beneficiado con esta utilización de dinero de fuente de trabajo o camas de terapia intensiva o medicamentos para los hospitales”, cuestionó el tribunal.
