Recordemos que el valor de la tarifa es el resultado de una aplicación matemática del cociente entre el costo del servicio de electricidad (presupuesto) y la potencia disponible para contratación, en el periodo de un año. Para entender cómo la disponibilidad de potencia hasta ahora es una cantidad fija, la variable sería un incremento artificial del presupuesto, y se maneja hasta ahora aumentar fuertemente las obligaciones en “gastos sociales” de unos USD 2.000 millones, equivalentes a lo que se requería para los pagos del servicio de la deuda, a ser repasado en partes iguales a ambas márgenes, USD 1.000 millones por lado, parecido a las entregas de los royalties, para lograr este objetivo la tarifa deberá alcanzar un valor cercano a los 22,60 USD/kW mes. Ahora me remito al titular de esta entrega, miremos del lado del socio para observar desde otro cristal las circunstancias, la prensa brasileña se hace eco de los reclamos de varias organizaciones del Gobierno de ese país y de asociaciones extragobierno como el Frente Nacional de Energía, a través de su titular sostiene que, al cancelar las obligaciones por costo de la deuda, la expectativa de ellos era la caída de la tarifa en el mismo valor del efecto del servicio de la deuda de Itaipú, arrojaría un valor de 8 a 10 USD/kW mes. Por otro lado, la asociación de grandes consumidores de energía manifiesta que los usuarios de las regiones sur y sur-oeste del Brasil (compañías eléctricas de esas zonas fueron “obligadas” a adquirir el servicio de electricidad de Itaipú vía resolución presidencial) soportaron los costos que derivaron de la construcción de la central hidroeléctrica de Itaipú y justo es que hoy se beneficien con tarifas de energía más baratas, también reclaman el acceso a la energía excedente (generado por potencia excedente) y se coloque en el mercado de subasta de paquetes de energías en el vecino país. Antiguos administradores brasileños de Itaipú tienen el criterio que la utilización del dinero de la entidad binacional en inversiones ajenas al sector eléctrico va contra la gobernanza, viola el Tratado, hiere pactos federativos, evade fiscalización de órganos de control como el tribunal de cuentas de la unión (la Itaipú no está bajo jurisdicción del tribunal), expresan además que la tarifa es resultado de la aplicación técnica rígida del Anexo C y no tiene sustento la “negociación” del cuse.
Según mi juicio, las posiciones están en la mesa, la postergación de la definición de la tarifa de Itaipú y de otros asuntos vitales a concretar no parece una buena señal, visto es que en la contraparte existen opiniones que contrarían a los nuestros, por consiguiente, es el momento de colaboradores altamente técnicos con expertise en relacionamiento con los vecinos, a fin de proponer alternativas de salidas, en caso de que las posiciones sean antagónicas, el presidente economista Santiago Peña no tiene la obligación de dominar un tema tan complejo, entiendo que existen algunos altos gerentes en la entidad en el entorno del director general paraguayo, Ing. Justo Zacarías, que puedan dar soporte en este momento delicado, incluso se puede requerir aporte de ex administradores que tuvieron actuación relevante en escenarios similares. Deberá chequearse en el equipo si no conspiran elementos improvisados, de muestras y autosuficientes, los objetivos son de relevancia nacional. Va mi aliento para buen arribo.