ANDE reconoce “vulnerabilidad” ante aumento de denuncias por desvío de indemnizaciones

El abogado Nelson Medina, asesor jurídico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), afirmó que hay conmoción en la institución debido a los múltiples casos de apropiación de dinero destinado a indemnizaciones de la entidad.

Medina reconoció que existe “vulnerabilidad” de las instituciones públicas que favorecen a los que forman parte del esquema delictivo.

“Estamos conmocionados en relación a estos casos y simplemente esto nos lleva a la siguiente reflexión: Estamos en situación de vulnerabilidad de instrumentos públicos, en primer lugar, y en segundo lugar, de una vulnerabilidad increíble atribuible al banco que debe efectivizar los cheques”, explicó en una entrevista con radio Monumental 1080 AM.

Señaló que debido a esto, la ANDE decidió no pagar en efectivo al momento de otorgar indemnizaciones y otros mecanismos de seguridad que igual son vulnerados.

“Emitimos un cheque nominal con una leyenda en mayúscula con negritas con el término ‘No transferible’. El beneficiario puede cobrarlo cuando hizo evidente su identidad frente al cajero”, agregó.

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Reunión con Anadelia

La ANDE había emitido dos cheques de G. 400 millones para dos familias de funcionarios que murieron electrocutados, con la inscripción de intransferibles, lo que no fue suficiente para que la funcionaria del Congreso Anadelia Acosta Aroma y otras personas, presumiblemente, se hicieran con el dinero y entregaran solo un pequeño monto a las familias.

El asesor jurídico reconoció que recibió en su oficina a Anadelia, quien realizó los trámites para el cobro del dinero, pero aseguró que no la había tratado antes.

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Los gestores obtuvieron la suma de G. 800 millones que lograron efectivizar en el Banco Nacional de Fomento (BNF), pero solo dieron una parte ínfima a los familiares afectados, que son personas de escasos de recursos que viven en el Departamento de Caaguazú.

Acosta Armoa, el abogado Darío Flores, Ovidio Ramón Oviedo y Juan Ramón Acosta fueron imputados por apropiación, estafa y lesión de confianza. Ovidio Ramón Oviedo es la pareja de la funcionaria y Juan Ramón Acosta, su padre.

El Ministerio Público considera víctimas a Juana Honorina Casco de Ramírez, madre de Marino Ramírez Casco; y Lorena Brítez González, viuda de Antonio Acosta Contrera, quienes solo recibieron G. 30 y 45 millones, respectivamente, en concepto de indemnización.

La institución estatal decidió que todos los pagos a través de cheques a personas físicas deberán ser entregados única y exclusivamente al beneficiario nominado, con presentación de su cédula de identidad original y vigente en la sede central de la empresa estatal. Los cheques seguirán siendo emitidos, en todos los casos, con la leyenda “no transferible”.

Otros casos

Eliseo Quiroz (67), un agricultor que vive en la zona de San Juan Bautista, Misiones, debía recibir una indemnización de la ANDE ya que su propiedad estaba en la franja de dominio de la línea de 500 kV en Misiones. A pesar de que debía cobrar G. 170 millones, nunca recibió el dinero.

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Por su parte, Armando Barreto, un productor hortícola de Itauguá, denunció la falta de pago de indemnización por la ocupación de su propiedad privada por parte de la ANDE. “Esto data de la dictadura, mi papá me comentó que un coronel cobró en su momento por todas estas personas”, expresó a radio Monumental.

José Benítez, víctima de la caída de un cable de alta tensión sobre su cuerpo, también se sumó al reclamo de indemnización. “Hace dos años que me sucedió esto, yo ya presenté todos los requisitos y nunca me hicieron caso”, declaró a la misma emisora radial.