Mediante reprogramaciones, la Cámara de Diputados obtuvo fondos necesarios para mantener cargos en la Corte Suprema de Justicia y para la creación de otros en el Ministerio Público. Mientras que la ANDE recibió una reasignación de recursos para un reajuste salarial del 7,3% para los funcionarios.
Durante el estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020, los diputados decidieron modificar el presupuesto asignado al Poder Judicial, donde realizaron una reprogramación de G. 110.000 millones para la Corte Suprema de Justicia.
De este monto, se redireccionaron G. 10.400 millones al rubro de jornales. En tanto unos G. 100.000 millones se destinarán a obras de infraestructura, como la finalización del Palacio de Justicia en Ciudad del Este.
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La propuesta fue de la diputada de Colorado Añetete Jazmín Narváez, quien explicó que el presupuesto original de la máxima instancia judicial sufrió recortes por parte del Poder Ejecutivo de G. 124.000 millones que afectan a rubros sensibles.
Los funcionarios del Poder Judicial realizaron varias manifestaciones exigiendo un incremento de G. 113.000 millones para costear el reajuste salarial del 20%, lo que finalmente no prosperó. De esta manera, se aprobó el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto con un monto de G. 1,268 billones para la Corte.
Posteriormente, se trató el presupuesto correspondiente al Ministerio Público, que consiguió una reprogramación de G. 39.000 millones para reponer un recorte de G. 27.000 millones que había sufrido su presupuesto original por parte del Ministerio de Hacienda, que debían ser destinados a las labores investigativas.
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El monto restante de G. 12.000 millones se utilizará para la creación de cargos para agentes fiscales. La Fiscalía cuenta con un fondo G. 644.578 millones.
Entretanto, el Ministerio de Defensa Pública obtuvo una ampliación de G. 4.500 millones para la contratación de funcionarios que prestarán servicios como defensores públicos, con lo que se podrá dar cumplimiento a la ley “De protección integral hacia las mujeres contra todo tipo de violencia”. Esta cartera tendrá un presupuesto de G. 273.156 millones.
Tanto funcionarios del Ministerio de la Defensa Pública como de la Fiscalía iniciaron desde este lunes una huelga general en reclamo a un aumento salarial y a un mayor presupuesto para el año 2020.
Presupuesto ANDE
El presupuesto destinado a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) fue beneficiado con una reprogramación presupuestaria de G. 30.000 millones, que serán destinados al reajuste salarial del 7,3% para los funcionarios.
La moción también fue de la diputada oficialista Jazmín Narváez, quien solicitó la reprogramación para los rubros de remuneraciones extraordinarias y de remuneraciones adicionales.
Por su parte, el parlamentario cartista Justo Zacarías destacó que la ANDE aporta de forma anual G. 500.000 millones en impuestos. El presupuesto 2020 de la empresa energética estatal alcanza la suma de G. 8,934 billones.
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Los congresistas también apoyaron la ampliación presupuestaria de G. 2.500 millones para la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, que ya tenía un plan de gastos de G. 1.839 millones.
En el caso del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), también se destinaron G. 178.000 millones para aumento salarial del 16% para docentes desde abril próximo. El Presupuesto General de la Nación pasa a la Cámara de Senadores.
Eliminación del retiro voluntario de funcionarios
A pedido de la diputada Rocío Vallejo, se eliminó el artículo 49, que establece la posibilidad de que los funcionarios públicos de la carrera civil puedan acogerse al retiro voluntario, sin perjuicio de sus derechos a la jubilación o devolución de aporte. “Ya no más privilegios”, sostuvo.
Este artículo disponía la posibilidad de retiro voluntario para funcionarios con más de 20 años de antigüedad en la función pública.
Así también, se modificó el artículo 57, de desprecarización, y se aprobó que por cada tres contratados que pasen al plantel permanente en la función pública, ingrese un contratado nuevo.
Entretanto, se logró incluir el artículo 30 del Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud, también conocido como fondo para enfermedades catastróficas, que había eliminado la Comisión Bicameral.
Menos control a gobernaciones
Asimismo, los legisladores decidieron mantener el artículo 247 vigente, para que los presupuestos del programa de complemento nutricional sigan siendo transferidos por el Ministerio de Hacienda a las gobernaciones hasta el 15 de cada mes, para evitar el endeudamiento y garantizar la provisión del almuerzo y la merienda escolar.
Finalmente, los diputados votaron por la versión de la Bicameral de no incluir el artículo 77, que favorece el control de la ejecución de gastos de las gobernaciones a través del Sistema de Tesorería (SITE).
