Esto fue anunciado por Marcial Ayala, abogado de Anadelia Acosta Armoa y de Darío Flores. El representante anunció ante los medios que sus clientes realizaron una devolución de G. 600 millones a las dos familias, por lo que recibieron G. 300 millones cada una. Esto se produjo el día de ayer 9 de octubre.
El monto total de la indemnización es de G. 800 millones, G. 400 millones por familia. Atendiendo que primeramente fueron entregados G. 45 millones y G. 30 millones, ahora queda por saber ¿qué pasó con los G. 125 millones restantes de la indemnización?
Ministerio Público. Norma Salinas, fiscala que lleva adelante el caso de presunta estafa, anunció que aún no pudo corroborar sí, efectivamente, se produjo la entrega del dinero. Esto recién lo hará en la fecha, cuando se reúna en horas de la mañana con las víctimas.
Además, adelantó que el caso está lejos de estar cerrado a pesar de la devolución.
“La funcionaria se expone a una pena privativa de libertad de hasta 10 años. Primero, ella debe someterse al proceso, nosotros hemos imputado y solicitado que el Juzgado Penal de Garantías la llame ya para someterla al proceso y una vez transcurridos los seis meses, tener la sentencia. Ahora recién empezamos la investigación. Vamos a ir evaluando, las penas son altas, en concurso de delitos sube. Ahora sabemos que la pena más alta sin contar con otros hechos punibles puede llegar hasta los 10 años. La próxima semana tendríamos más claro”, explicó. La fiscala afirmó que el caso tiene otras aristas que están verificando. Tampoco quiso dar los nombres de los demás investigados por complicidad para evitar ser recusada del caso.
La próxima semana con las constituciones que realizará se podrá saber quiénes serán los próximos imputados.
Permiso denegado. Mediante la Resolución 2180 de la Cámara de Diputados, su titular Raúl Latorre rechazó el pedido por 30 días sin goce de sueldo de la funcionaria Anadelia Acosta Armoa. Max Medina, director de Recursos Humanos de Diputados, informó que la funcionaria no se presentó a cumplir sus funciones. Y que de no presentarse en los siguientes dos días, podría sufrir un sumario por abandono del cargo. De acuerdo con la Ley 1626, la funcionaria puede incluso sufrir el despido con inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por cinco años.
