La perspectiva en salud pública es, sin lugar a dudas, sombría. 50 médicos anestesiólogos del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi, del Instituto de Previsión Social (IPS) están renunciantes por las pésimas condiciones laborales; al mismo tiempo se está denunciando la reducción del presupuesto asignado al Programa Ampliado de Inmunizaciones para el 2026, lo que afectará la prevención de enfermedades inmunoprevenibles, dado que pone en riesgo la compra de vacunas. Urge que el Gobierno ponga freno a este grave retroceso.
La salud pública en nuestro país está atravesando un momento complejo. Al faltante de medicamentos se suma la renuncia masiva de médicos anestesiólogos, quienes reclaman mejores condiciones de trabajo. Se debe mencionar también el recorte en el Presupuesto de Gastos de la Nación al rubro para la compra de vacunas.
Uno de los temas que vienen preocupando es la renuncia de 50 médicos anestesiólogos del Instituto de Previsión Social, del Hospital de Especialidades Quirúrgicas (Ingavi), quienes aluden a “abandono del Estado” en sus puestos de trabajo. Denuncian condiciones laborales pésimas, relacionadas con la cantidad de tiempo de trabajo y el salario que perciben, que está por debajo de otros profesionales médicos. Al respecto, dieron como ejemplo referencial el horario y salario percibido por anestesiólogos del Ministerio de Salud, quienes, por 12 horas de trabajo semanales, perciben un salario de G. 5 millones, mientras que los anestesiólogos trabajan el doble del tiempo, 24 horas semanales, y perciben G. 4.500.000 de salario.
Explicaron, y esto es muy importante, que las condiciones de trabajo generan renuncias de sus compañeros, a causa de la fatiga. En un comunicado, los profesionales afirman merecer condiciones laborales “justas y equitativas, en igualdad con otros colegas que realizan las mismas funciones en el Estado”. Las autoridades deberían prestar atención al reclamo, pues todo lo que piden los anestesiólogos, tiene un gran impacto en la calidad de atención del asegurado, pues la fatiga afecta la concentración y la toma de decisiones, poniendo en riesgo la seguridad del paciente.
El recorte del presupuesto de gastos 2026 de ciertos importantes rubros de la salud pública resulta asimismo sumamente preocupante. El Presupuesto para el 2026 prevé una reducción del 70% en el dinero destinado al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), dependiente del Ministerio de Salud, para la compra de vacunas. (ÚH Octubre 27, 2025). Para la doctora Ana Campuzano, reconocida pediatra, la reducción del 70% del presupuesto destinado a vacunas que plantea el Gobierno se contrapone con las leyes 4621, que garantiza el acceso a la vacunación como derecho de toda la población, y 2310, que asegura la inmunización de niños y niñas contra enfermedades prevenibles. Es bien sabido que las vacunas que forman parte del calendario que se aplica en edad pediátrica como ser las de primera infancia, la SPR, del sarampión o la hexavalente, que protege contra seis enfermedades en un solo pinchazo: difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, Haemophilus influenzae B y poliomielitis.
Es un hecho constatado que estas vacunas ayudaron a reducir la cantidad de muertos; sin las vacunas, estas enfermedades seguirían causando la muerte de miles de niñas y niños.
Otra situación alarmante es la falta de medicamentos. Lamentablemente, el Gobierno, en vez de resolver el problema, decide perseguir a quienes lo denuncian. Este es el caso del doctor Jesús Irrazábal, quien fue destituido de su cargo de jefe de Urgencias Pediátricas del Hospital Nacional de Itauguá. Recientemente el médico había formulado críticas al presidente de la República por las carencias en dicha institución. “La salud pública está siendo asfixiada”, había dicho el médico.
Son inaceptables los padecimientos y humillaciones a los que están condenados los usuarios de la salud pública. Por eso, es hora de que las autoridades y funcionarios hagan realidad el derecho al acceso a la salud para toda la población, porque es obligación del Gobierno. Urge aumentar el presupuesto de salud pública para que haya medicamentos, servicios eficientes para la gente y buenas condiciones laborales para los médicos.