El abogado Ezequiel Santagada solicitó primeramente información a través del portal de acceso a la información pública a la Seprelad sobre el evento. Posteriormente, el juzgado lo declaró admisible y corrió traslado a la Seprelad.
En un escrito la ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, apeló la sentencia y acusa al abogado de hacer un “uso abusivo e indebido del derecho de acceso a la información pública”, ya que su intención es la de acceder a datos patrimoniales de carácter privado.
“El tema es que en un juicio de amparo la apelación no tiene efectos suspensivos. Entonces, a menos que esto se resolviera antes del miércoles, lo cual no va a ocurrir porque yo voy a esperar hasta el último momento para contestar la apelación de la Seprelad”, indicó.
Santagada comentó que ayer recibió la apelación, a la cual va a contestar el miércoles. “Posteriormente, el Juzgado tendrá que elevar los antecedentes al Tribunal de Apelaciones en lo penal, se sorteará la sala y esa sala será la que en definitiva resolverá si confirma o no, en toda buena parte, la sentencia del Juzgado de primera instancia”, explicó.
“Yo no puedo entender cómo a alguien se le puede ocurrir que hace una donación al Estado y eso va a estar amparado por el derecho a la privacidad”, señaló.
Indicó que posiblemente “se está queriendo ocultar quién aportó, y vaya a saber uno por qué, o no hay el entendimiento más elemental de cómo funciona un Estado de derecho”.
”O bien se sugirió a una empresa o persona privada que debía aportar, o bien esa persona, que era de suficiente trato como para saber que había un problema de índole presupuestario, entonces aportaba”.
Mencionó que claramente hay “un manejo pero espurio de la cosa pública”.
Liliana Alcaraz había confirmado que el pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) fue financiado por sujetos obligados como casas de cambios, inmobiliarias y bancos.
