Mientras estalló la pandemia, Nenecho y los demás imputados crearon estructura delictiva a través de figuras legales (nombramientos, contratos, emisión de cheques, certificados de disponibilidad presupuestaria, resoluciones de autorización de transferencias, etc.) para la comisión de un fraude al patrimonio de la Municipalidad de Asunción. Esto según la imputación fiscal.
La actual investigación se aboca a la utilización de los bonos G8 y G9. Según el dictamen de Contraloría, el dinero que era para obras, en realidad, se usó para gastos corrientes. Se determinó que las “inversiones” por G. 492.000 millones se usaron para otra cosa.
El dinero fue destinado para el mantenimiento de vehículos, reparaciones, repuestos, leche, uniformes y herramientas y para la adquisición de maquinaria y herramientas.
En julio de este año, la Fiscalía allanó la Municipalidad en medio de la pesquisa de documentos
Los fiscales Marlene González, Silvio Corbeta y Jorge Arce investigan ambas causas.
Aprobación. Pese a todo, hace una semana concejales de Asunción, que respaldan al intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, aprobaron una ampliación presupuestaria por valor de G. 2.016.778.509
En la era de Nenecho, desde el 2020 al 2024, los préstamos para cubrir déficit temporal de caja llegan a USD 165 millones. La deuda total de la Municipalidad, entre pasivos a corto y largo plazo, llega a USD 364 millones, teniendo en cuenta el último informe del primer cuatrimestre del 2024 y la deuda contraída de este año.
Imputación. El juez Rodrigo Estigarribia admitió la imputación contra el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, y los demás coprocesados por supuesta lesión de confianza y asociación criminal.
Para los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción Jorge Luis Arce Rolandi, Silvio Corbeta Dinamarca y Marlene González de Ovelar no hay dudas de que el intendente de la Municipalidad de Asunción es la cabeza de la estructura que simuló compras de detergentes y desinfectantes utilizando fondos de emergencia en el marco del Covid-19.
Junto con Rodríguez, otros 10 funcionarios forman parte de la investigación, incluyendo a los directores Wilfrido Adrián Cáceres López, de Administración y Finanzas; Nidia Rosa López de González, de la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastre Municipal, y Édgar Fabián Estigarribia, quien había asumido en reemplazo de López cuando se encontraba con reposo médico y, al mismo tiempo, ejercía sus funciones como administrativo.
Costaban G. 110.000 y la Comuna pagó G. 358.000
En la carpeta de imputación la Fiscalía estableció que solo DFR SA adquirió 209 detergentes para cumplir con parte de las órdenes de la Municipalidad de Asunción. DFR pagó G. 110.000 por botella al distribuidor Genemed SA, única distribuidora autorizada en el país, mientras que la Comuna estableció como precio razonable G. 358.000 por litro del Alka DDS.
Con pliegos que carecían de especificaciones y un llamado a proveedores y evaluación bajo sospecha se amañó el precio de los detergentes, que es omitido en la imputación de la Fiscalía y vuelve a tomar igualmente foco. En la carpeta del Ministerio Público consta que solo DFR SA adquirió los detergentes para cumplir con la Municipalidad de Asunción, aunque en una cantidad mucho menor a la contratada. DFR, según detalle de facturas, pagó solo G. 110.000 por cada botella de Alka DDs de un litro y compró solo 209 mientras que en el contrato debía de proveer de 1.100 botellas.
Los contratos. El Contrato Nº 12 Adquisición de artículos de limpieza para desinfección en prevención virus Covid por G. 997.117.370 y Contrato Nº 16 Adquisición de artículos de limpieza para desinfección en prevención virus Covid por G. 699.999.750 para un total en este rubro de G. 1.697.117.120. La Comuna realizó licitaciones que serían direccionadas, llamando únicamente a DFR SA, Bastian Comercial, Cova de Juan Rodríguez (imputado), M&F, quienes se alzaron con contratos sin tener la solvencia económica e incluso cuando no contaban con una oficina real, como el caso de DFR SA, que no pudo ser encontrada por la Contraloría ni el DNIT (ex-SET) en verificación in situ. Estos proveedores ganaron en sus categorías en ambos contratos. En el primer llamado, DFR el 50% para G. 499.860.000; Cova de Juan Rodríguez con el 30%, con G. 299.916.000, y Bastian Comercial con el 20% para G. 199.944.000. En el segundo llamado DFR de nuevo con el 50% con G. 349.999.875; Cova con el 30% con G. 209.999.925 y Bastian 20% con G 139.999.950. Se estima que ambos contratos generaron un daño patrimonial de más de G. 1.800 millones a la Comuna con la complicidad de funcionarios y el propio intendente de Asunción como gestor de gastos.
