En el apartado dedicado a Paraguay del informe 2022/23 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, AI señala igualmente que las autoridades en el país “seguían criminalizando la protesta social” y “no adoptaron medidas para proteger a las personas LGBTI” ni a los defensores de los derechos humanos.
En cuanto a los conflictos por tierra, AI indicó que 10 años después aún no se han determinado las responsabilidades por la masacre de Curuguaty, como se conoce en el país a una operación en la que la policía desalojó por la fuerza a 70 integrantes de una comunidad campesina y que se saldó con la muerte de 11 labriegos y 6 uniformados.
“Las autoridades aún no habían determinado la responsabilidad de las violaciones de derechos humanos que se habían cometido, ni garantizado justicia, verdad y reparación para las víctimas y sus familias”, subrayó el informe.
Por otra parte, el organismo internacional se refirió a la situación de los niños y adolescentes en el país. En concreto, citó las cifras del Ministerio Público, que documentó 1.452 casos de malos tratos y 3.804 casos de abuso sexual de niños en 2022.
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A su vez, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social registró 10.332 alumbramientos de adolescentes de entre 15 y 19 años, de las que 570 eran indígenas. Otros 420 partos correspondían a niñas de entre 10 y 14 años, de las cuales 84 pertenecían a comunidades nativas.
Con relación a las protestas, el documento destacó en particular el caso de varios estudiantes, entre ellos la activista Vivian Genes, que “seguían afrontando cargos de incendio provocado” por los hechos ocurridos en marzo 2021 en la sede del gobernante Partido Colorado.
El incendio, consigna el documento, ocurrió durante las protestas contra “la mala gestión de los recursos destinados a abordar la pandemia de la covid-19". La causa por este hecho fue elevada por las autoridades judiciales a juicio oral y público, añadió AI.
El capítulo paraguayo incluyó asimismo los 36 casos de feminicidio contabilizados por el Ministerio de la Mujer en 2022.
Sobre los lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, Amnistía Internacional apuntó que las autoridades “siguieron descuidando los derechos” de estas personas.
Tampoco “establecieron un mecanismo concreto de protección para las personas que defendían los derechos humanos”, pese a las recomendaciones de órganos y procedimientos de las Naciones Unidas, mientras que, según el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, persistían las violaciones de derechos humanos en los centros penitenciarios.
