Durante la última semana, tomó estado público el caso de la familia Gómez que fuera víctima de invasión por parte del diputado Jatar Fernández, aliado del cartismo.
Este caso formó parte de la presentación que realizaron los miembros del sindicato ante los medios de comunicación en la mañana del jueves.
Miembros. Según su coordinador, el abogado Diego Troche Robbiani, “el sindicato pretende ser la voz de las víctimas de las invasiones violentas y un punto de apoyo para visibilizar este grave problema. Hay una verdadera industria en torno a las invasiones donde participan funcionarios de todos los niveles”, señaló. La abogada Paola Horita indicó que este flagelo deja en estado de indefensión a los propietarios y colabora en el éxito de las invasiones. “Los reclamos para la restitución de los bienes invadidos chocan con los obstáculos que pone la justicia para aplicar la ley en perjuicio de los propietarios”, afirmó.
Vilma Días Oliveira, una de las fundadoras del sindicato, por su parte, describió la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las propiedades y la falta de seguridad que sufren las personas, víctimas de invasión. “Es un flagelo que está extendido en todo el país y no tenemos más herramientas que juntarnos para encontrar soluciones comunes”, expresó.
Policía Nacional. El acto también contó con la presencia del comisario Blas Fleitas, de la Asesoría Jurídica de la Comandancia Nacional.
El comisario afirmó a ÚH que fueron invitados por los miembros del sindicato y que escucharon las quejas y denuncias de las víctimas por la invasión de sus inmuebles.
“Nosotros como personal policial auxiliar de la Justicia estamos para dar cumplimiento a lo que recibimos del oficio judicial. Toda vez que contemos con la infraestructura y la cantidad de personal que se necesite porque cada procedimiento tiene diferentes aspectos”, expresó.
Dijo que por primera vez participó de la reunión y resaltó que es importante que las personas reclamen sus derechos.
Adelantó que sin salir de lo que es la norma constitucional y los derechos humanos, tratarán de cumplir con todos los oficios judiciales.
Contactos. Otras personas afectadas por invasiones en sus inmuebles pueden contactarse con el sindicato al número (0985) 551-355. La novel agrupación está ubicada en Asunción, sobre Mariscal Estigarribia 339 entre Iturbe y Caballero en el microcentro, Galería Fundación La Piedad, local 12.
Caso Jatar. La presentación se produjo solo un día después de que el empresario Fernando Gómez recuperara su inmueble, ubicado en Villeta donde operaba una embotelladora de agua mineral. El lugar fue invadido por Jatar Fernández, diputado cartista (ANR), desde hace un año.
La embotelladora de la familia Gómez había tenido una inversión de G. 1.200 millones. Según la denuncia, el diputado Jatar Fernández ingresó de manera prepotente, presentando un contrato privado de cesión de derechos, cuya validez fue cuestionada.
Integrantes del sindicato realizaron una presentación en la que mencionaron como la familia Gómez es una de las víctimas de una serie de invasiones con trasfondo político.
