“Leyendo con detenimiento el proyecto de ley que pretende regular las ONG, hay una gran vaguedad y ambigüedad de su texto, un ingreso estatal enorme en la esfera privada y una burocracia que colapsará la eficacia pretendida en plazos muy cortos. Es conveniente su revisión”, expresó.
Según su análisis, así como está el proyecto de ley generará una burocracia interminable, ya que obliga a cualquier persona afectada a realizar trámites con el Ministerio del Interior, Registros Públicos y eventualmente con la Sala Constitucional de la Corte, en caso de plantear acciones en contra de su implementación.
Recordó que las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) ya están reguladas, teniendo en cuenta que pasan por el Banco Central del Paraguay (BCP), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y hasta por el Poder Ejecutivo.
“Entonces, no solamente esto genera un montón de problemas, sino que duplica problemas ya existentes. Cualquiera sea el incumplimiento que se produzca en la ley, la responsabilidad se extiende a todos los integrantes en el marco de su administración e inclusive a terceros. Y eso rompe, naturalmente, con el fundamento de todas las personas jurídicas, porque las personas jurídicas (empresas u organizaciones) en su esencia son distintas de sus miembros y su patrimonio es independiente”, explicó a ÚH.
Manifestó que el sistema de control y responsabilidad que plantea la normativa que está en estudio en el Parlamento, trasciende lo que es una organización sin fines de lucro.
fondos privados. Uno de los aspectos más cuestionados del citado proyecto es que en la misma se critica la intervención estatal por meterse en el sector privado al analizar sus fondos.
“Aumenta la presencia del Estado y te traslada, quieras o no, su propia ineficiencia a vos como ciudadano, que ahora, además del riesgo de que te sancionen o de que te multen, empezás a asumir todas esas ineficacias haciendo vos el trabajo”, dijo con relación a las obligaciones que recaen en el sector privado cuando ofrecen servicios de interés público.
Subrayó que un control desde el Estado solamente puede darse si es que las organizaciones utilizan dinero público, pero no cuando el caso es que reciben apoyo económico de entes privados o cooperación internacional.
“Acá no hay que partir solo de la mala fe de que existen organizaciones no gubernamentales que influyen en la toma de decisiones y, por alguna razón, apeligran esto o aquello. Acá hay que también partir solo de la mala fe de que este proyecto de ley, el día de mañana, en manos de un gobierno de mala fe, pueda hacer un uso excesivo de poder que la ley le da”, dijo, y también planteó dónde irán a parar las multas.
