El presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco SA), Óscar Stark, reveló este lunes en conferencia de prensa los hallazgos de una investigación interna que apuntan a un presunto desvío de fondos por G. 1.119 millones.
Según Stark, los indicios sugieren que la irregularidad podría extenderse por varios años, en un contexto de grave crisis financiera para la empresa estatal, que enfrenta retrasos en el pago de salarios, incluyendo parcialidades pendientes de diciembre.
La anomalía fue detectada el 2 de enero, tras un movimiento sospechoso en las cuentas de la compañía. Aunque se intentó revertir la operación, esto desencadenó una revisión exhaustiva de transferencias a empleados.
Stark explicó que solicitó una auditoría especial desde 2022, ante sospechas previas de fraudes acumulados, con el objetivo de recuperar “guaraní por guaraní” para estabilizar las finanzas de Copaco.
Los resultados preliminares de la auditoría señalan a Osmar Cañete Roa, ex gerente administrativo financiero, y a Roque Alberto Damián Valdez Centurión, ex jefe del Departamento de Tesorería, como presuntos responsables. Aprovechando sus posiciones y acceso a sistemas bancarios, habrían simulado egresos por obligaciones con la Municipalidad de Asunción, pero en realidad redirigieron los fondos a cuentas propias y de terceros vinculados, incluidos familiares.
Un elemento clave es el asiento contable N° 773, que registraba comprobantes presuntamente falsificados por un valor superior a G. 843 millones, emitidos a nombre de la Municipalidad de Asunción. Estos montos excedían lo autorizado por el directorio y fueron registrados inicialmente para luego ser eliminados por orden del gerente administrativo financiero.
La revisión de débitos bancarios superiores a G. 10 millones reveló coincidencias con los registros eliminados. Para corroborar, se consultó el informe del Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap), que confirmó transferencias a cuentas de Cañete, Valdez y Franco Valdez –hijo de Roque Valdez, quien no es empleado de Copaco–, respaldadas por comprobantes inicialmente presentados como gastos legítimos.
Ante estos indicios, Stark ordenó cambios inmediatos en la estructura y comunicó la situación a la Procuraduría General de la República. Ambas instituciones coordinan acciones para recuperar los fondos y aplicar sanciones legales a los responsables.
La denuncia formal ante el Ministerio Público incluye solicitudes de verificación detallada de movimientos financieros y análisis de cuentas relacionadas, con el fin de trazar el destino final del dinero.
La investigación interna de Copaco permanece abierta, sin descartar la participación de otros implicados ni la ampliación de responsabilidades. Como medida inicial, el directorio autorizó la desvinculación inmediata de Cañete y Valdez, con el propósito de salvaguardar la transparencia institucional en la empresa.
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