Denunciaron que la propuesta pretende absorver la cooperación internacional destinada a las organizaciones civiles.
El proyectista había expuesto que la intención es controlar los fondos que son administrados por las organizaciones.
Sin embargo, los representantes de las organizaciones civiles consideraron que la iniciativa tiene un tinte autoritario y que pretende amedrentar y meter mano en los recursos que provienen del exterior.
El proyecto de ley en cuestión plantea la modificación de los artículos 3, 40 y 43 de la Ley Nº 1535/99 de Administración Financiera del Estado. María Estela de Rasmussen expresó su posición en contra del proyecto de ley que es completamente inconstitucional.
“Este proyecto de ley pretende equiparar a las asociaciones sin fines de lucro con órganos de derecho público, una medida que va en contra de la naturaleza misma de estas entidades”, expuso.
Remarcó que las asociaciones civiles son entidades de derecho privado y aunque algunas pueden recibir fondos públicos, su patrimonio se compone mayoritariamente de aportes físicas, o jurídicas, donaciones y otros ingresos provenientes de actividades netamente privadas.
Agregó que la legislación de administración financiera está diseñada para regular la gestión de fondos públicos. Sin embargo, recalcó que las asociaciones civiles gestionan recursos de diferentes fuentes privadas.
autoritarismo. Por su parte, la doctora María Victoria Rivas del Centro de Estudios Judiciales consideró que el proyecto de ley atenta completamente contra el Estado y el principio de derecho.
No discrimina entre aquellos recursos que son transferidos por el Estado de los que constituyen del sector privado.
El proyecto en cuestión está en puertas de estudio en la Cámara Alta.
