La senadora Esperanza Martínez expresó su preocupación ante la falta de claridad y descoordinación entre instituciones en el marco de la adenda de la ruta PY02, que incluye la construcción de una autopista elevada sobre Luque. Las expresiones se dieron tras una audiencia pública celebrada en el Senado.
“A la fecha, no existe claridad sobre el trazado definitivo, las viviendas afectadas ni las indemnizaciones. Las autoridades presentes no pudieron explicar con precisión qué se hará ni cómo”, dijo.
Según lo expresado por la legisladora, durante la audiencia se dejó en evidencia la descoordinación institucional respecto a la obra. Dijo que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) no sabe cuántas escuelas serán demolidas ni cuenta con un plan de contingencia (se menciona que serían 64). “El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) desconoce cuántos productores serán afectados. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable (Mades) no recibió el Estudio de Impacto Ambiental completo. Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Ministerio de Desarrollo Social (MDS) tampoco cuentan con información ni análisis de impacto”, reclamó.
“Un proyecto de esta magnitud no puede avanzar sin transparencia, coordinación interinstitucional y respuestas claras. El respeto a la ciudadanía y a las comunidades afectadas es una obligación del Estado”, lamentó la legisladora.
Obras. Hasta el momento, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no firmó la orden de inicio para la construcción de la autopista urbana elevada que pasará sobre la ciudad de Luque.
Se espera por licencias ambientales y dictamen patrimonial.
El proyecto que es contemplado como parte de la concesión de la ruta PY02 a la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas del Este es cuestionado por un grupo de pobladores, referentes culturales y políticos de Luque y Areguá, debido al impacto que tendría sobre el patrimonio cultural de la zona.
El viaducto elevado utilizará la franja de dominio del ferrocarril, propiedad del Estado paraguayo, por lo que no se realizarán expropiaciones de propiedades de terceros. Sin embargo, se propone el pago de indemnizaciones a los ocupantes por inversiones realizadas. Desde el MOPC aseguran que la autopista elevada beneficiará a unas 259.000 personas. El proyecto tendrá un costo de USD 180 millones y será financiado con los peajes de Ecovía, Ypacaraí y Nueva Londres.
