La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) rechazó la protesta presentada por la empresa Nutripan, la cual cuestionaba la adjudicación de un lote de la licitación Hambre Cero, convocada por la Gobernación de Alto Paraná. Con esta decisión, la millonaria provisión de alimentación escolar quedó en manos del Consorcio República.
La controversia surgió cuando Nutripan, propiedad de Gabriela Vallejos Ruiz, presentó la mejor oferta económica para el Lote 4 de la licitación, con un monto de G. 11.402.882.800. Sin embargo, fue descalificada por el comité de evaluación, lo que permitió que el consorcio encabezado por Blanca Nieves Comercial y Distrisur, presentando una oferta superior de G. 12.616.435.720, fuera adjudicada.
Nutripan denunció que la licitación estaba supuestamente dirigida para favorecer al Consorcio República y que enfrentó trabas para cumplir con los requisitos, como la falta de entrega a tiempo de una muestra de un producto por parte de la distribuidora de una marca láctea.
A pesar de estos reclamos, la DNCP, mediante la resolución 2.361/24, respaldó la decisión del comité evaluador, conformado por Eligio Martínez Morel (secretario de Educación), Indianara Romero Wasen (secretaria general) y Gladys Alvarenga de Duarte (secretaria de la Niñez y la Adolescencia), y validó la descalificación de Nutripan.
INCOMPLETA. El comité argumentó que Nutripan había presentado un formulario de oferta incompleto, sin la descripción de procedencia ni el fabricante de los productos. Además, señalaron que el envase de la muestra de la torta de miel no cumplía con la normativa al no incluir la descripción del programa Hambre Cero, y que la leche presentada no se ajustaba a las especificaciones exigidas.
A pesar de la polémica, la distribución de la alimentación escolar comenzó ayer en una escuela de Juan Emiliano O’Leary, aunque con un notable retraso en comparación con el cronograma original.
El consorcio beneficiado por esta licitación no fue el único en obtener contratos millonarios. Otras firmas adjudicadas incluyen Fitra SRL, representada por Gustavo Trabucco, con un contrato de G. 12.437.378.360; Isabel Petrona Gómez Cabrera, con un monto de G. 13.682.766.980; y María de Fátima Sartorio Vanni, con la suma de G. 9.296.965.712.
También figuran, Néstor Francisco López Paniagua, con un contrato de G. 15.047.368.448; Rosa Mabel Capli, con un lote de G. 13.341.626.200; y Teófilo Amarilla Silvero, con un contrato de G. 11.257.617.488.
EN DETALLE. Esta licitación se realizó bajo la modalidad plurianual, abarcando los años lectivos de 2024, 2025, 2026 y 2027.
En el primer año, el programa cubrirá 88 instituciones educativas, mientras que en el segundo año se ampliará a 152 instituciones. A pesar de estas cifras, la cobertura solo alcanza al 8% de la población estudiantil total, que cuenta con aproximadamente 160.000 alumnos.
La gestión del gobernador César Torres ya había enfrentado críticas durante el proceso de adjudicación de la merienda escolar, también bajo la lupa de la DNCP.
Las protestas, en ese entonces, ocasionaron un retraso de más de cinco meses en la distribución de alimentos, generando el descontento de docentes, padres de familia y alumnos, quienes exigieron explicaciones al gobierno departamental.
