05 jul. 2026

Acusan por tráfico de influencias a concejal de Santa Rosa

Un hombre tuvo que vender su terreno para poder pagar los G. 24 millones que le habría pedido el concejal municipal Luis Sala, de Santa Rosa del Aguaray, “por la firma de la intendenta”, para que le saliera una resolución del plano de fraccionamiento de un inmueble de sus padres. Ahora, la Fiscalía acusa al edil por traficar influencias.

concejal municipal Santa Rosa del Aguaray Luis Alberto Sala Ferreira.png

Luis Alberto Sala Ferreira, concejal municipal de Santa Rosa del Aguaray.

Foto: Facebook.

El fiscal de Delitos Económicos Francisco Cabrera acusó por tráfico de influencias y pidió juicio oral para el concejal municipal de Santa Rosa del Aguaray Luis Alberto Sala Ferreira, por supuestamente pedir dinero a una persona a cambio de interceder ante la intendenta Silvia Trubger en la aprobación del plano de fraccionamiento de un inmueble.

El caso se remonta al 3 de junio de 2024, cuando los padres de Wenceslao Ávalos (la víctima) firman un contrato de compraventa con la empresa Raíces SA, que debía encargarse de la asignación de padrón ante la Municipalidad y Catastro.

Esa solicitud se presentó el 17 de junio de ese año y el 2 de julio salió la primera aprobación del plano y se remitió a la Junta Municipal para su estudio y aprobación definitiva, que sale el 14 de agosto.

En enero del 2025, Catastro refiere que hay un error en la nominación del lugar donde se encuentra ubicado el inmueble.

Ver más: Santa Rosa del Aguaray: Detienen a vicepresidente de la Junta Municipal por supuesta coima

Se devolvió entonces el expediente a la Municipalidad en marzo y pasados 15 días, Wenceslao Ávalos fue a verificar si ya se rectificó, lo que todavía no había sucedido.

Usaba el nombre de la intendenta de Santa Rosa

En la Comuna, Ávalos se encontró con el concejal Luis Sala y le explicó su caso. El edil –ahora acusado– le manifestó que “la intendenta no iba a firmar el documento que están precisando sin antes recibir dinero, por lo que le solicitó en ese momento la suma de G. 24 millones”, según la Fiscalía.

Reiteró en que eso lo hacía “en nombre” de la intendenta Silvia Trubger, pero el hombre se negó a pagar.

Detención del concejal municipal Santa Rosa del Aguaray Luis Alberto Sala Ferreira.png

En un operativo encubierto, detuvieron al concejal municipal Luis Sala.

“El concejal Luis Sala insistió con el pedido en reiteradas ocasiones a través de llamadas telefónicas, mensajes de textos y audios e inclusive con visitas a su propio domicilio, con la finalidad de persuadir a realizar el pago de la suma mencionada”, dijo el fiscal Francisco Cabrera.

Todo era con el fin de “solucionar la documentación de los padres de Wenceslao”.

Hubo un momento, inclusive, en que el hombre aceptó –menciona la acusación–, pero le dijo al concejal que no estaba consiguiendo el total solicitado y si se le podría hacer una rebaja, a lo que Sala le dijo que ya habló con la intendenta y que “solo abonando el monto inicial saldría el documento de sus padres”.

Incluso, que si no pagaba la suma, que le iba a cobrar intereses, que fue lo que la jefa comunal supuestamente dijo.

Conversación entre Wenceslao Ávalos y el concejal Luis Sala.png

En la conversación del WhatsApp, el concejal le dice que no van a rebajar el monto y que le podrían cobrar intereses.

El 21 de julio de 2025, a las 09:50, vuelven a comunicarse a través del WhatsApp y pactan un encuentro en la vía pública, frente al IPS de Santa Rosa del Aguaray.

En esa reunión no se concretó nada. En los próximos días, el concejal volvió a insistirle a que pague el monto establecido y el señor le dijo que “vendería su terreno”, solo que el comprador le pidió que le aguante un poco de tiempo para darle todo el dinero.

El encuentro

El 28 de julio, el hombre le dijo que tenía todo el monto. Pidió reunirse con la intendenta, pero esta supuestamente no estaba y el concejal lo citó en una estación de servicios.

El 29 de julio fue la fecha del encuentro. Ya antes Wenceslao Ávalos lo había denunciado al concejal, por lo que se grabó la conversación con autorización judicial.

En la ocasión, Luis Alberto Sala le dijo que su documento “ya estaba todo solucionado” y le pidió que el dinero le entregue detrás de la terminal. El traspaso del dinero se hizo en un operativo encubierto, donde el concejal quedó detenido.

“El señor Luis Sala invocaba su influencia con la señora Silvia Trubger, en atención a su relacionamiento con la intendenta por su función de concejal municipal”, concluyó el fiscal.

Más contenido de esta sección
El ex intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto fue beneficiado con las medidas alternativas a la prisión, por el juez de Crimen Organizado Osmar Legal, que interina a su colega Humberto Otazú. La resolución se dio en la causa conocida como Tajy, donde no se había podido realizar la audiencia de medidas cautelares.
La Sala Penal de la Corte ratificó la condena de 13 años de cárcel para Bonifacio Irala Amarilla, quien estuvo fugitivo por 19 años, hasta que finalmente en el 2024 se puso a disposición de la Justicia. El hombre mató de siete puñaladas a un agricultor tras discutir luego de un juego de truco.
El juez de Crimen Organizado Osmar Legal revocó las medidas alternativas y dispuso el arresto domiciliario con tobillera electrónica para la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, esposa del diputado Esteban Samaniego. Además, dispuso la misma medida para la madre del legislador, así como para otros cuatro procesados, por la evidencia de falta de voluntad de someterse al proceso.
El juicio oral por la quema de Colorado Róga continúa en Tribunales, contra la ahora única acusada, Vivian Genes, tras el sobreseimiento definitivo de los tres coprocesados en la causa. Declaró una compañera de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
Lo que se inició como un pedido de informe de la Cámara de Diputados sobre la cantidad de fallos firmes sobre indemnizaciones contra el Estado trajo una fuerte discusión entre los ministros, lo que se agravó cuando Víctor Ríos dijo en forma irónica la “Supersala Constitucional”, por lo que su colega Eugenio Jiménez, pidió que se testara esa palabra.
Porque no se presentó la abogada de uno de los acusados, se suspendió el juicio oral contra el general retirado Ramón Ernesto Benítez, ex titular del desaparecido Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave), y varios procesados más por supuesta coima y otros delitos.