El afectado es Pedro Brizuela, quien había hecho un negocio de compraventa de un inmueble e hizo una primera entrega de G. 120.000.000 y prometió el pago en tres cuotas más de G. 10.000.000 cada uno.
La operación inició el 15 de noviembre del 2022 ante una escribana pública, donde se hace el contrato de compraventa de la propiedad; sin embargo, fueron surgiendo cosas llamativas.
Brizuela, finalmente, recibió la información desde la propia escribanía de que la transferencia no se podía hacer, ya que el inmueble poseía tres embargos, según un informe de Registros Públicos.
Los presuntos responsables fueron denunciados y finalmente acusados por el fiscal de Alto Paraná.
La Fiscalía afirma que los ahora imputados “obtuvieron un patrimonio indebido mediante una declaración falsa al vender el inmueble mediante contrato privado”.
