CIUDAD DEL ESTE
En la recta final de las elecciones municipales del 9 de noviembre, donde los esteños deberán elegir al nuevo intendente que completará el periodo 2021-2026, el ambiente político se tornó tenso.
Lo que hasta hace pocos días se desarrollaba en un clima relativamente tranquilo, derivó en enfrentamientos verbales, denuncias y resoluciones judiciales que crispan los ánimos entre colorados y seguidores del hoy partido político Yo Creo.
La contienda electoral enfrenta a Roberto González Vaesken (Lista 1, ANR) y Daniel Pereira Mujica (Lista 123, Movimiento Conciencia Democrática Esteña – Yo Creo) como principales adversarios, aunque también compiten Celso Kelembu Miranda (Lista 300, Partido Patria Soñada) y Daniel Romero (Lista 43, Partido Ecologista).
En esta etapa de la campaña electoral, los colorados intensificaron su ofensiva política y judicial. Por un lado, accionaron ante la Justicia Electoral solicitando que se deje sin efecto la autorización otorgada al PLRA y Cruzada Nacional para designar apoderados para estas elecciones. La jueza electoral de Canindeyú, Rosana Marilet Bogado Milto, hizo lugar al pedido, lo que generó fuertes cuestionamientos desde la oposición.
Por otro lado, concejales municipales colorados de Ciudad del Este, Jaime Méndez y Ernesto Guerín, presentaron una denuncia formal ante el Ministerio Público contra el candidato prietista Daniel Pereira Mujica. Lo acusan de usurpación de funciones públicas y uso indebido de recursos municipales con fines electorales, argumentando que participa en actos oficiales de inauguración de obras junto a la intendenta María Portillo. Lo anecdótico es que González Vaesken hace lo mismo, señalan los prietistas, con obras de la Itaipú Binacional y la Gobernación de Alto Paraná.
HERIDA. Para los colorados, recuperar la administración de Ciudad del Este, perdida en 2019 tras la destitución de Sandra McLeod de Zacarías, es una prioridad. La intervención que sacó a McLeod del cargo fue impulsada desde la Junta Municipal, mientras que la posterior destitución de Prieto surgió por pedido de la Contraloría General de la República (CGR).
La dirigencia colorada sostiene que Prieto y su equipo representan “la corrupción y el desgobierno” en la Comuna esteña. Argumentan que las más de 50 denuncias acumuladas en su contra, muchas promovidas por Kelembu Miranda y por la llamada Contraloría Ciudadana, son prueba de su mala gestión.
Del lado prietista, en cambio, se interpreta la ofensiva judicial y política como un intento de frenar el avance de un movimiento ciudadano que, aseguran, “trascendió al color partidario”. “Buscan debilitarnos y quitarnos apoderados para limitar el control electoral. Pero no lo van a lograr”, insistió Prieto.
EN ALERTA. El senador Rubén Velázquez, referente de Yo Creo, cuestionó duramente la resolución de la jueza de Canindeyú. Consideró que el fallo tiene un trasfondo político y que pretende “reducir la capacidad de fiscalización” en las mesas de votación. “Lo que buscan es disminuir el control ciudadano. Quitar apoderados a los liberales y a Cruzada Nacional es debilitar la transparencia electoral. El que no debe, no teme”, sostuvo Velázquez.
El legislador advirtió, además, sobre supuestas maniobras dentro de la Junta Cívica Departamental, como la demora en la acreditación de veedores y la ausencia del presidente del organismo, Rodrigo Pereira, a quien acusó de “esconderse para no firmar las credenciales”. “Estas pequeñas acciones muestran una estructura que conspira contra el candidato de Yo Creo”, alertó.
Más allá del resultado electoral, el proceso en Ciudad del Este se observa con atención desde el plano nacional. Una eventual derrota colorada sería interpretada como un duro golpe a la estructura partidaria que impulsó la intervención contra Miguel Prieto, en un intento por “sepultar políticamente” su liderazgo.
Por el contrario, un triunfo colorado podría ser leído como una reivindicación del “orden partidario” y un respaldo a la narrativa de que el gobierno de Prieto fue un período de corrupción y desgobierno.
A una semana de las elecciones, el panorama sigue abierto. Mientras los colorados confían en la recuperación de su bastión perdido, el movimiento Yo Creo apuesta a consolidar su fuerza ciudadana y resistir la presión política y judicial. La tensión crece, los discursos se endurecen y los tribunales entran en escena. Ciudad del Este se prepara para una de las elecciones más intensas y decisivas de los últimos años.
Vaesken gastará G. 500 millones y Mujica G. 10 millones
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) publicó días pasados la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC) de los candidatos a la Intendencia de Ciudad del Este que competirán el domingo 9 de noviembre por completar el mandato del destituido Miguel Prieto.
Según los documentos, el candidato colorado Roberto González Vaesken (Lista 1) pretende gastar unos G. 500 millones, proveniente de sus ahorros de los cuales G. 300 millones declaró en efectivo, y G. 200 millones en el sistema financiero. No declaró donaciones ni medios de transporte. Por su parte, el candidato opositor de Yo Creo (Movimiento Político Independiente Conciencia Democrática Esteña CDE 25) y aliado del ex intendente Miguel Prieto, Daniel Pereira Mujica, declaró que pretende gastar solo unos G. 10 millones, también proveniente de sus ahorros. Tampoco declaró donaciones ni medios de transporte. En el boletín de voto tendrá la Lista 123 y usará el color naranja fuerte. El candidato del Partido Ecologista (PE) Daniel Romero Lovera declaró que no gastará un solo guaraní. No figura la declaración del candidato de Partido Patria Soñada, Celso Miranda alias Kelembú.
