La ausencia del Ejecutivo llamó la atención en el acto de pedido de perdón del Estado ayer en el Palacio de Justicia como parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por su responsabilidad en el crimen del periodista Santiago Leguizamón, asesinado el 26 de abril de 1991, en un atentado en Pedro Juan Caballero, a manos del crimen organizado.
El motivo por el que nadie del oficialismo acudió fue el pedido de la familia Leguizamón Morra, por considerar que el Gobierno está estrechamente ligado a los autores del crimen. No estuvieron el presidente Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana ni los demás miembros de Honor Colorado.
“Ese fue un pedido especial nuestro, pedimos que sea la Corte y el fiscal general del Estado quienes estén en el acto. El equipo que hoy gobierna es el que está muy ligado al grupo que ordenó el asesinato de Santiago”, manifestó Dante Leguizamón, hijo de la víctima y director de Codehupy.
La familia reafirma la complicidad del sector político que hoy está en el poder, por lo que solicitaron que sea solo la Corte la encargada del acto central de reconocimiento de responsabilidad. “Pedimos que sea la Corte y que no termine este acto en una cuestión más política, que no nos interesa. Sabemos quiénes mandaron asesinar a Santiago, y sabemos quiénes eran las personas que estaban cercanas a esas personas”, afirmó.
El oficialismo se resiste a dar cumplimiento pleno a la sentencia y uno de los puntos de más tensión es la ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Este es otro de los motivos por el que la familia prefirió tomar distancia del Gobierno.
Leguizamón lamentó que no se apruebe la normativa y dijo estar abierto a discutir nuevamente el proyecto, pero que tenga intervención de varias instituciones con alto poder político para cambiar la realidad actual.
Independencia judicial. El encargado del momento central, el acto de reconocimiento de responsabilidad fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, quien junto con Luis María Benítez Riera fueron los únicos ministros presentes, y declaró que las respuestas del Estado fueron insuficientes.
Martínez sostuvo que Leguizamón ejerció el periodismo en un contexto de amenazas a la libertad de expresión y que la Corte IDH estableció que el Estado faltó a su obligación de protección y de investigación. “Comparezco, por ende, en cumplimiento de la sentencia”, manifestó para expresar públicamente el reconocimiento de la responsabilidad internacional “por las violaciones de derechos humanos” declaradas en el fallo. “Pido en nombre del Estado paraguayo las disculpas públicas correspondientes”, remató.
Martínez Simón a pesar de las críticas a la Justicia reivindicó la independencia judicial y aseguró que el cumplimiento de una sentencia internacional fortalece las instituciones; sin embargo, el Estado no cumplió casi con ninguna de las obligaciones.
“El grupo que gobierna está ligado al que ordenó el asesinato de Santiago. Sabemos quiénes fueron”. Dante Leguizamón, director de Codehupy.
Varela fue el único colorado en el acto: “El Estado está en deuda”
El senador disidente Mario Varela fue el único colorado que asistió al acto y afirmó que el reconocimiento es solo un símbolo, ya que el Estado sigue en deuda.
Además, lamentó que la ley de periodistas no avance por resistencia de legisladores del Partido Colorado.
“La Justicia es lenta. Falta muchísimo más. Sigue en deuda el Estado, esto es apenas una cuestión simbólica. La ley no avanza lamentablemente, hemos hecho mucho esfuerzo. No se pudo siquiera debatir”, expresó.
El presidente del Sindicato de Periodistas del Paraguay y de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc), Santiago Ortiz, recordó por su lucha a Ana María Morra, esposa de Santiago Leguizamón, quien no pudo estar presente por temas de salud, y lamentó que el Estado no haya hecho justicia hasta hoy, 35 años después.
“La inacción, la negligencia y, en muchos casos, la complicidad de sectores del poder con los responsables del crimen de Santiago consolidaron una impunidad que no solo negó justicia a su familia, sino que envió un mensaje peligroso a toda la sociedad que matar a un periodista podía quedar impune”, manifestó al recordar los otros 21 casos.
Pidió protección para quienes ejercen el periodismo en las “zonas silenciadas” y conviven con amenazas de quienes quieren acallar críticas.
Ortiz también pidió condiciones laborales dignas para los trabajadores de prensa. “Poderes económicos buscan imponer un pensamiento único, muchas veces escondiendo discursos de odio y de intolerancia detrás de una interpretación distorsionada de la libertad de expresión”, subrayó.
