La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, presidida por el diputado Pedro Ortiz, resolvió recomendar al pleno la aprobación del proyecto de ley “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo al estatuto de las fuerzas” (SOFA). Figura en el orden del día de hoy y ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores.
De acuerdo con la lectura que se dio del documento, durante el estudio en la mencionada comisión asesora, este dotará de inmunidades diplomáticas al personal tanto civil como militar dentro del acuerdo.
En tanto, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) se pronunció contra el acuerdo SOFA y advirtió que la paz no se construye con militarización ni con privilegios para tropas extranjeras. Piden frenar lo que consideran un atropello constitucional que debilita el sistema de Justicia.
En un comunicado la organización civil advirtió sobre el riesgo del acuerdo SOFA con Estados Unidos para dar inmunidad a tropas militares de ese país en territorio paraguayo, que fue aprobado por la Cámara de Senadores.
“Esta decisión legislativa, realizada de manera apresurada y desconociendo los señalamientos críticos formulados al acuerdo por parte de la sociedad civil, no representa un avance en seguridad, sino la formalización de una geopolítica de la impunidad que vulnera los pilares de nuestra dignidad nacional”, expresa el posicionamiento de la organización.
“La seguridad de un pueblo no se construye importando tropas ni blindando a agentes extranjeros con inmunidades diplomáticas. El acuerdo SOFA desvirtúa el concepto de seguridad ciudadana para convertirlo en un esquema de control territorial militarizado, ajeno a las necesidades de las comunidades y subordinado a intereses estratégicos de una potencia externa”, sentencia en el comunicado.
Abusos y delitos. En el análisis, la organización menciona que los militares extranjeros podrían cometer abusos y delitos y no someterse a la Justicia.
“Otorgar un estatus diplomático al personal militar y civil del Departamento de Defensa es un agravio directo a las víctimas de la violencia de Estado... puesto que no responderán ante nuestros tribunales”, alertan.
En el Senado se había dado también esta misma discusión en la oposición.
