28 may. 2024

Acceso a la información es un derecho ciudadano

“El acceso a la información pública es un derecho del ciudadano. En una democracia no deberíamos tener ley para facilitar ese acceso. Lamentablemente, hace falta la ley en nuestra sociedad”, afirmó la doctora María Victoria Rivas, directora del Centro de Estudios Judiciales (CEJ).

El CEJ organizó reuniones con varios sectores en los últimos días, para debatir sobre una nueva propuesta para una ley de acceso a la información pública.

En el Paraguay ya existió una ley similar, pero en el 2006, por presión social se derogó. Esa ley tenía muchas trabas, por lo cual se había bautizado con el nombre de “ley mordaza”. En vez de facilitar la información pública al ciudadano, la impedía.

La doctora Rivas anunció que “la propuesta actual es trabajar juntos para que todos los ciudadanos del país conozcan su legítimo derecho de pedir información al Estado y dejar atrás la cultura del secretismo que tienen nuestras instituciones”.

El CEJ es una organización miembro de Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI), y como tal promueve el debate con otras organizaciones para que el Congreso, oportunamente, sancione una nueva ley.

Según Rivas, cuanto más fácil es el acceso a la información pública, se podrá lograr mayor calidad institucional, porque el ciudadano podrá ejercer mejor sus derechos, reclamar más transparencia a sus autoridades y ejercer mejor su rol de contralor de la actividad del Estado.

El martes pasado, el CEJ participó en el debate sobre “procesos legislativos regionales en materia de acceso a la información pública”, en la Sala Bicameral del Congreso Nacional, y al día siguiente organizó un encuentro con periodistas, nacionales e internacionales.

Los eventos se realizan dentro del marco de la Semana de la Transparencia, organizados por el Grupo Impulsor de Acceso a la Información, GIAI, y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.

Más contenido de esta sección
Demasiados episodios grotescos en una semana como para no dedicarles unas líneas.
Tras las impactantes revelaciones que se obtuvieron con la operación Dakovo, que logró exponer tan explícitamente los alcances del crimen organizado en cuanto al tráfico de armas, sobrevino una situación por de más escandalosa: la implicación de altos militares en actividades criminales. Esta fue sin dudas una dolorosa comprobación del elevado nivel de infiltración del poder mafioso dentro de las instituciones del Estado paraguayo. Además de ser profundamente vergonzoso, esto implica un ataque a la democracia.
El Congreso Nacional rompió récord esta semana con el proyecto de la ley de superintendencia; los senadores tardaron 15 minutos para aprobar; los diputados 11 minutos. En una convulsionada jornada, los diputados también aprobaron ley que suaviza penas para corruptos y los senadores salvaron al cartista Hernán Rivas, acusado de tener un título falso de abogado. Y como les quedó tiempo, también mutilaron la ley de puerta giratoria. Este es el espantoso combo navideño que el Parlamento le ofrece al pueblo paraguayo.
Los impactantes resultados de la operación Dakovo lograron exponer en forma explícita los alcances del crimen organizado en cuanto al tráfico de armas. En nuestro país, logró la detención de más de una decena de personas involucradas en un esquema de tráfico internacional de armas y una nota gravísima, entre los detenidos están un militar de alto rango así como ex funcionarios de la Dimabel. Es muy preocupante la manera en que la mafia y el crimen organizado están socavando nuestra soberanía y nuestra democracia.
No fabricamos armas, pero las comercializamos en cantidad industrial. No producimos cocaína, pero el país es depósito, ruta y puerto de embarque de cantidades industriales que llegan a los principales mercados del mundo.
Eduardo Nakayama abandona el PLRA. Solo y apresuradamente, dicen. Quién sabe. Explica que no ve ninguna posibilidad de que su partido pueda desprenderse de la infiltración cartista. Desde adentro ya no hay nada que hacer, sostiene.