18 may. 2024

Abusos en la intervención del Estado

En una entrevista divulgada el domingo 3 en La Nación de Buenos Aires, el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, hablando sobre la crisis de su país, afirma que “los mercados no funcionan, no porque falte capital, recursos humanos, etcétera. Falta credibilidad en las reglas, porque cambian y el gobierno ha exagerado su capacidad de intervenir y cambiarlas a mitad de camino”.

Esa afirmación encierra conceptos que vale la pena subrayar: la influencia de la regulación estatal en los mercados, la inseguridad jurídica que proviene del cambio imprevisto de reglas de juego, y lo que los analistas llaman la “sobrerregulación”, o –como dice FHC– exagerada intervención de los gobiernos (personalmente pongo en duda la “capacidad” para hacerlo).

Sin duda alguna, este pasaje puede aplicarse al Paraguay, no solo al actual, sino al que se remonta a varias décadas atrás del siglo XX. El tema de hasta qué punto el Estado debe intervenir en la economía y en el bienestar de los ciudadanos es una larga disputa ideológica que tiene sus extremos, pero también una gran variedad de matices entre los mismos.

Fue a impulsos de las ideologías totalitarias del siglo pasado que el Estado paraguayo inició un proceso deliberado de intervención en la economía, a través de la creación de una serie de entidades públicas autárquicas, algunas de las cuales tuvieron sus momentos de gloria, pero que hoy atraviesan situaciones seriamente comprometidas, con escasas excepciones.

No cesa, sin embargo, en esferas parlamentarias y las del Ejecutivo, la pretensión de regular diversos ámbitos que, más allá de márgenes mínimos, deberían escapar de la regulación compulsiva. El consenso parlamentario apunta hoy a la mencionada sobrerregulación, pese a que el Estado carece de capacidad para controlar y aplicar las regulaciones ya vigentes

Entre los proyectos en danza que reflejan esa obsesión parlamentaria –o de los políticos en general– atraen mi atención los de regular la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y el referido a la atención a clientes por parte de las firmas privadas.

Acontece que ambos conceptos han ganado su espacio en el ámbito público precisamente de la mano de las empresas privadas, a nivel mundial y local, como conciencia ética y a la vez como impulso para diferenciarse en un mercado de libre competencia. Nuestra conjetura es que la regulación solo logrará destruir ese incentivo para convertirlo en una norma obligatoria que no contempla todas las variantes posibles, y que se cristalizará en formas rígidas e inaplicables.

Tanto la RSE como la calidad en la atención al cliente son prácticas que están en continua innovación, y de eso derivan su fortaleza, porque el mercado es precisamente un escenario en permanente cambio y que exige de los empresarios imaginación y audacia. Lo que está en juego en ambos casos es la reputación de las empresas, es decir ganarse constantemente la confianza de los clientes en base a integridad y buenas prácticas.

Aplicando a los políticos lo que decía el francés *F. Bastiat, refiriéndose a los economistas, los malos miran solo las consecuencias inmediatas de las medidas, mientras que los buenos observan las consecuencias a largo plazo, incluso las no deseadas. Tal vez sería demasiado pedir a nuestra cuestionada clase política una visión clara, certera y responsable, porque finalmente su propósito excluyente es ser reelectos la próxima vez. Pero la necesidad de hacerlo sigue latente y urgente, a la luz de tantos despropósitos en las leyes y políticas públicas.

*Frédéric Bastiat fue un escritor, legislador y economista francés al que se considera uno de los mejores divulgadores del liberalismo de la historia.

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