La intención sería la provisión y uso de vehículos incautados, productos del narcotráfico, para el uso del titular de la previsional, Jorge Brítez.
El rodado en cuestión sería el que se incautó en un procedimiento que involucra al narco Miguel Ángel Servín.
“El hecho de que el presidente del IPS disponga de un vehículo comisado, a través de un acuerdo con la Senabico, viola totalmente la Ley N° 5876 de Administración de Bienes Incautados y Comisados, ya que no está dedicado a los fines que la ley dispone”, sostuvo el legislador.
“De hecho, el IPS ni siquiera se encuentra incluido entre los destinatarios del artículo 46”, remarcó Filizzola.
“Hasta la última revisión, realizada por la bancada, la Senabico no solo se encontraba incumpliendo la asignación de fondos, según lo que prevé la ley, sino que no existía ningún proyecto financiado por el consejo, facultado para estudiar y aprobar los mismos”, consideró.
Filizzola hizo referencia a la ley en cuestión, alegando que atribuye a la Senabico la potestad de concretar acuerdos de cooperación con otras instituciones para asignar y supervisar el uso provisional de los bienes incautados.
“Sin embargo, éstas deberán estar dedicadas a la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y la criminalidad organizada, que administren, dispongan de centros de prevención, tratamiento y rehabilitación de personas droga dependientes, a través de un convenio de cooperación interinstitucional”, argumentó el senador.
En cuanto al artículo 46, remarcó que el mismo establece la distribución de los bienes incautados.
En ese contexto, el senador detalló que el 20% de los recursos ingresados a la Tesorería General deben destinarse a cubrir gastos de operación, mantenimiento y preservación de los bienes incautados y en comiso.
En cuanto al 30%, indicó que tiene que ser distribuido en un porcentaje individual del 5% para el fortalecimiento institucional de varias instituciones, entre ellas el Ministerio Público.
También, el Centro Nacional de Adicciones del Ministerio de Salud; la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes; la Secretaría Nacional Antidrogas, Senabico y la Policía Nacional.
El restante 50%, que es el mayor porcentaje, se establece que debe ser destinado para financiar proyectos de rehabilitación de adictos y reinserción social.
Además, proyectos de prevención de lavado de activos, crimen organizado, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva así como el narcotráfico.
En medio de esta polémica que se desató, y que supuestamente aún el convenio está pendiente de firma, se mantienen los reclamos hacia los manejos administrativos por parte de la previsión y las carencias en la atención a la salud de los asegurados.
