La fiscala Karina Sánchez informó a radio Monumental 1080 AM que el Ministerio Público ya notificó al Juzgado de la Niñez las identidades de los menores implicados en el abuso sexual, ocurrido en un colegio privado de Lambaré. Se trata de cuatro niños de 12 años.
“Los involucrados son niños menores inimputables, el informe completo se pasa al Juzgado y al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia para que definan las medidas de protección y apoyo para los niños”, precisó.
Igualmente, Sánchez habló sobre la segunda víctima de abuso sexual, cuyo caso ocurrió antes que el primero que tomó estado público. La fiscala manifestó que en este caso no se descarta que los autores sean los mismos.
En ambos casos, las víctimas son niños de 7 años. Los hechos ocurrieron en el interior del baño de la institución educativa.
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Por otro lado, Sánchez dijo que la Fiscalía tiene seis meses para formular acusación contra la directora, la coordinadora y una docente del colegio privado. “El Ministerio Público está abocado a colectar todas las diligencias pendientes”, indicó al respecto.
Días atrás la docente dijo en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, que “jamás escondió algo” y también cuestionó el actuar de la Fiscalía. Sobre el punto, la fiscala sostuvo que las evidencias recolectadas demuestran lo contrario y avala la actuación del Ministerio Público.
“El ejercicio de la defensa tiene varias aristas y una de ellas siempre fue, desde tiempos inmemoriales, desacreditar las actuaciones del Ministerio Público, pero eso no quiere decir que eso se haya traducido en las diligencias que se colectaron en este caso”, aseveró.
Las tres docentes fueron detenidas tras ser imputadas por el hecho punible de violación del deber del cuidado, mientras que la directora también fue procesada por frustración de la persecución penal y ejecución penal, y la violación de la Ley 6202/2019.
Las tres cumplían la prisión preventiva, pero desde el 23 de mayo pasado guardan arresto domiciliario.
Los nombres del colegio y de los implicados se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.
