El representante del Ministerio Público señaló que la resolución de la Corte Suprema de Justicia por la que se hace lugar al pedido de casación de la defensa de los labriegos genera extrañeza y preocupación.
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“La repercusión es muy negativa no solamente para los sujetos vinculados propiamente al proceso que duró muchísimo tiempo, un desgaste inmenso de todos los órganos de administración de justicia y sobre todo por la envergadura del caso”, analizó Ruíz.
Refirió que por la importancia de la causa, que nadie pague una condena hace pensar que el caso quedó impune.
“Por las consecuencias que tuvo y sobre todo el impacto a nivel social, desde luego que estas decisiones de esta naturaleza van a tener un efecto muy negativo para toda la ciudadanía porque en definitiva lo que deja es una sensación de impunidad”, aseveró.
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No obstante, consideró que en primer lugar se debe ser respetuoso de las decisiones judiciales, aunque de todas formas no deja de llamarle la atención en el sentido de que “fue un juicio ya revisado en dos instancias y decidido por nada más y nada menos que seis miembros del Poder Judicial”, haciendo referencia al Tribunal de Sentencia -en primera instancia- y el Tribunal de Apelaciones.
Ruíz dijo que los argumentos que pudo escuchar que motivaron a hacer lugar a la casación le dejaron dudas.
Aludió a la lectura de la resolución por parte del juez Emiliano Rolón, quien señaló como una de las razones de la decisión que, tanto el Tribunal de Sentencia como el de Apelaciones, no sustentaron suficientemente las condenas.
“Sin embargo, en otra parte hacía alusión a debilidades en cuanto a evidencias y demostración palpables de hechos y circunstancia para condenar que son cosas distintas”, añadió.
Explicó que las argumentaciones, por tanto, fueron contradictorias. “Una cosa es evidenciar en un juicio la teoría del Ministerio Público y otra es argumentar la decisión en una sentencia luego de haber recogido testimonios y pruebas en un juicio”, comparó.
El caso
Este jueves, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de casación presentado por la defensa y revocó la condena a los 11 campesinos sentenciados por el caso Curuguaty. Los cuatro hombres que siguen recluidos en Tacumbú recuperarán así su libertad.
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La masacre se registró el 15 de junio del 2012, durante un enfrentamiento entre campesinos y policías en un cuestionado procedimiento de allanamiento en una propiedad en disputa entre el Estado y la familia Riquelme.
Tras el tiroteo murieron 17 personas, 11 campesinos y seis policías. El hecho derivó en la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, por la vía del juicio político, el 22 de junio.
