Carmen Beatriz Fernández Avezada denunció que en el 2015 había sacado créditos de la firma Facilandia. Después, fue demandada por la empresa por la suma de G. 6.892.000.
Ante esto, finalmente, la mujer llegó a un acuerdo con la firma y abonó en cuotas hasta su cancelación.
Es así que retiró los tres pagarés, por la suma de G. 1.500.000, G. 2.928.000 y G. 2.464.000, a más de tener el certificado de cancelación por la firma Facilandia, a través de la empresa GEXSA, que fue la que adquirió el crédito y realizó la demanda.
Sin embargo, el 13 de diciembre de 2024, la abogada Solange Ivonne Monserrat Alfonso, en representación de la firma Lennux SA, presentó una acción preparatoria de juicio ejecutivo, ante el Juzgado de Paz de Mariano Roque Alonso, ante el entonces juez Carlos Bogado Cuéllar.
Para la demanda, presentó dos de los pagarés, actualmente en poder de la denunciante, por las sumas de G. 1.500.000 y de G. 2.928.000, autenticados por el escribano público Carlos Idelio González Guedes, con registro 827, con lo que se inició la acción.
Además, presentaron a los testigos Lidia Ferreira Enriquez y Ángel Ismael Leal Silva, quienes señalaron que en la demanda acreditan la autenticidad de la firma, con lo que solicitaron el embargo preventivo contra la demandada.
Con ello, finalmente, el juez admitió la demanda, dispuso el embargo preventivo y citó a la demandada a reconocer la firma. Supuestamente, fue notificada el 25 de febrero pasado y, luego, como no se presentó, el juicio ejecutivo se inició.
La acción en total es por la suma de G. 4.428.000, más los gastos de Justicia, de G. 442.800, que fue el monto del embargo preventivo. Además, se abrió una cuenta en el Banco Nacional de Fomento (BNF).
Al final, la mujer señala que aún estando en su poder los pagarés que retiró, igualmente la demandaron y ahora le descontaron de su trabajo, el Instituto de Previsión Social (IPS), la suma de G. 700.000 por el embargo dispuesto judicialmente.
Tras conocer del descuento, pidió los documentos y así llegó al Juzgado de Paz de Mariano Roque Alonso, donde casi tuvo un infarto, ya que llegó llorando.
Ahí le mostraron el expediente, donde vio dos de los tres pagarés que están en su poder, pero con copias autenticadas por escribanía, con lo que usaron para la demanda.
Denunció que nunca fue notificada y recién con el descuento en su lugar de trabajo es que supo del juicio, y así es que llegó hasta el Juzgado de Paz.
La cuestión es que le están descontando su salario por una deuda ya cancelada y ella tiene muchas necesidades.
La señora Carmen Fernández señaló que denunciará ante la Fiscalía el caso, ya que exhibió los pagarés originales que le devolvieron, pero igual le demandaron con copias autenticadas por escribanía.