La agente fiscal Vanesa Candia imputó a la abogada Bernarda Ramírez Benítez, de 55 años, por el presunto hecho punible contra el patrimonio (estafa). La sindicada quedó a disposición del Juzgado de Garantías.
De acuerdo con la investigación, existen fundadas sospechas de que la encausada habría vendido una propiedad de 30 hectáreas -que en realidad no le pertenece- a Sady Kolodzey, por un monto de G. 280 millones.
Para el efecto, la mujer habría acudido al domicilio del afectado el 19 de febrero de 2021, en la colonia Curupayty, del distrito de Santa Rosa del Monday, Departamento de Alto Paraná, y exhibió documentos que parecían ser el título del inmueble que estaba ofreciendo. La misma pidió en el momento USD 45.000 por la finca.
Con el objetivo de convencerlo, la profesional del Derecho llevó al productor hacia la zona de Puerto Bertoni, donde le señaló una plantación de soja y le indicó que es la propiedad que estaba ofreciendo en venta y que estaría disponible luego de la cosecha.
Con esta información, la encausada terminó convenciendo al hombre a realizar la adquisición, ya que también se dedica al cultivo de soja y el lugar es apto para el efecto.
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Luego, para concretar la operación, el afectado acudió hasta la sucursal de la cooperativa Colonias Unidas de Santa Rita, de donde retiró la suma de G. 35 millones, producto de la venta de su cosecha anterior, además de USD 1.000, montos que fueron entregados a la ahora imputada, supuestamente, para la tramitación de los documentos del terreno.
Posteriormente, el 3 de marzo de ese mismo año, la abogada Bernarda Ramírez fue nuevamente junto a Kolodzey a solicitar USD 35.000, ya por el precio del inmueble en cuestión, monto que la víctima no tenía consigo. Pero, nuevamente retiró de la cooperativa y entregó íntegramente a la mujer, quien le firmó un recibo. El perjuicio patrimonial ascendió a G. 280 millones.
Las acciones de la abogada no terminaron allí, ya que el 27 de abril de 2021 fue otra vez junto a la víctima y le planteó que tenía otro terreno de 20 hectáreas que quería vender en una zona rural, camino a Puerto Bertoni.
El ofrecimiento interesó a su hijo, Jilson Kolodzey, a quien también lo llevó hasta la zona donde supuestamente está ubicado el inmueble para mostrarle las bondades de la tierra. A continuación, se dirigieron a la escribanía de Inocencia Núñez de Domínguez, en Presidente Franco, donde la misma firmó un compromiso de cesión de derecho de inmueble, que en realidad no existe.
Como parte del acuerdo, el citado entregó la suma de USD 5.000 a la mujer, y de esa manera, también sufrió un perjuicio patrimonial de G. 35 millones, según refiere la imputación fiscal.
