Livia Esperanza Jiménez, abogada de Ardonio Sánchez Garcete, de 33 años, hermano de Carlos Rubén Sánchez Garcete, alias Chicharõ, denunció ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos del Segundo Turno, Agustín Delmás, por mal desempeño de funciones.
Asimismo, la profesional del Derecho denunció por el mismo hecho a las representantes del Ministerio Público Natalia Silva, Luz Guerrero y Elva Cáceres, en el marco de una supuesta amenaza que involucró a la denunciante y a su cliente después de que las fiscalas hayan solicitado que se declare en rebeldía a Sánchez y se haya suspendido una audiencia.
La profesional del Derecho manifestó a Última Hora que el magistrado actuó con “total parcialidad” y aseguró que Delmás ni siquiera se encontraba presente durante el encuentro.
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Asimismo, dijo que otro elemento que sostienen para denunciarlo es que el magistrado solo utilizó como elemento para declarar de mala fe a su cliente una nota y un informe de la actuaria que ni siquiera constan en el expediente electrónico y que solamente se dieron a conocer a través de medios de comunicación.
En cuanto a la denuncia contra las fiscalas, Jiménez argumentó que no se documentó oficialmente que Silva y Guerrero estarían presentes para tomar la causa, debido a que era la agente Cáceres quien llevaba el caso.
“No existió ese hecho, en ningún momento hubo una amenaza. Nosotros salimos en paz y armonía de ahí (del Juzgado), si era así nos debían detener a mí y a mi cliente, pero tal amenaza no ocurrió. El juez solo usó la nota porque mi cliente se presentó en todas las audiencias y no le puede declarar rebelde de ninguna manera”, afirmó la denunciante.
Entre otras irregularidades que también mencionó la letrada, dijo que la audiencia se suspendió a pedido de la Fiscalía, mientras que le adjudicaron a ella y a su cliente Ardonio Sánchez la suspensión.
Afirmó que desconoce el motivo por el que las fiscalas realizan la denuncia por la supuesta amenaza.
Finalmente, Livia Jiménez lamentó que el caso le esté afectando profesionalmente y que con ello se está poniendo en riesgo hasta su matrícula como abogada.
Los antecedentes
De acuerdo con los antecedentes del caso, el hecho ocurrió el pasado 15 de diciembre cuando se debía llevar a cabo la audiencia preliminar de Sánchez Garcete, tras lo cual las agentes fiscales denunciaron ante el Juzgado una supuesta amenaza de su parte.
Las mismas pidieron que se deje constancia de que el hermano de Chicharõ supuestamente se acercó de manera intimidante a pocos centímetros del rostro de la agente Guerrero y le dijo: “Estás actuando mal, doctora arbitraria”.
Además, las representantes del Ministerio Público también señalaron que en el lugar estaba presente la abogada Jiménez y que esta supuestamente manifestó que “todo tiene su consecuencia”, dando a entender que también habría contribuido con la intimidación.
Las fiscalas alegaron, a su vez, que funcionarios del Juzgado Penal fueron testigos de lo acontecido. Al respecto, Livia Jiménez señaló que ningún funcionario firmó la nota que utilizó el juez para resolver la rebeldía de Sánchez.
Tras esto, el juez resolvió declarar litigante de mala fe a Ardonio Sánchez y ordenó su captura por un presunto caso de lavado de dinero y asociación criminal.
“Todo lo sucedido reviste de gravedad en razón a los antecedentes del comportamiento del procesado Ardonio Sánchez Garcete, quien en otra ocasión ya había agredido al fiscal Marcelo Pecci (fallecido), por lo que dicho comportamiento del procesado se torna recurrente, motivo por el cual es prominente dejar constancia, ya que dicha situación constituye una amenaza”, expresó en aquella ocasión el magistrado.
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Ardonio Sánchez Garcete fue detenido el 23 de mayo de 2015, un día después de que su hermano Chicharõ, un ex diputado colorado suplente, fuera detenido a poco de salir de Mburuvicha Róga, también implicado en el caso de presunto lavado de dinero y asociación criminal.
En diciembre del 2015, el abogado Sánchez obtuvo prisión domiciliaria, mientras que para el 2016, ya ambos obtuvieron libertad ambulatoria, dictada por la Cámara de Apelaciones. El ex legislador fue asesinado en agosto de 2021, por parte de un grupo tipo comando que lo acribilló en el interior de su dormitorio, mientras que Ardonio sigue afrontando el proceso.
