La abogada Romy Villasboa señaló que hubo una demora en la renovación de la autorización a la firma, que ahora sufrió un enorme perjuicio con la imputación presentada por el fiscal Adolfo Santander contra su cliente José Zanobio Coppetti, brasileño, de 70 años, por el presunto hecho punible de violación de la Ley Ambiental.
El fiscal de la unidad especializada en investigar delitos ambientales presentó la imputación ante la jueza penal de Garantías Alcira de Souza Lima por la falta de licencia ambiental del Frigorífico Copetti SA. El docmento debe ser emitido por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
Para el Ministerio Público, Zanobio Coppetti eludió la obligación establecida en el Artículo 5º de la Ley 716/96 y las disposiciones de la Ley 294/93, con las actividades desarrolladas en el proyecto de cría de cerdos, uso agrícola y matadero, ya que estaba operando el frigorífico sin la licencia ambiental, en la finca del distrito de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú.
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“La empresa nunca ha trabajado sin autorización, en el lapso que realizaron el allanamiento que vino referente a desechos, salió con eso. La gestora pidió a la asistente fiscal que revisara que la autorización estaba en proceso para una renovación. Luego, en el plazo de tres días que nos dieron llevé a mi cliente a declarar y presenté todos los documentos. Igual le imputaron”, afirmó la abogada.
Dijo que cree que es una persecución, pero que va aclarar todo ante la Justicia. Aseguró que ahora la imputación le está perjudicando con los clientes, porque están creyendo que la empresa se va a cerrar.
Explicó que durante la pandemia el propietario del frigorífico fue estafado por unos gestores y eso ya denunciaron, ya que causó el atraso de la documentación.
Por su parte, el fiscal Adolfo Santander sostuvo que nunca hubo licencia ambiental para el funcionamiento del frigorífico.
“No puede hablar de renovación porque ellos cambiaron de rubro. Antes era un matadero, ahora un frigorífico. En el momento del allanamiento no tenía la licencia, lo que presentaron es con fecha posterior. Es como comprar un auto sin documentos y salir a recorrer por allí. No estamos contra las industrias, pero tienen que adecuarse”, afirmó el representante del Ministerio Público al referirse al caso.
En su imputación el fiscal pidió medidas alternativas al empresario, que está expuesto a una pena de 1 a 5 años de pena privativa de libertad.
