El Proyecto de Ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las oenegés”, es arbitrario e innecesario, según el análisis de la abogada Alejandra Peralta.
En su opinión, las organizaciones de la sociedad civil actualmente cumplen con requisitos ya establecidos para el control de los recursos. “Desde mi punto de vista, creo ya que tenemos un marco normativo bastante sólido”, señaló.
La profesional citó a la Ley 5189, que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público; a la Ley 6446 “Que crea el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el Registro Administrativo de Beneficiarios finales del Paraguay”, como mecanismos de control suficientes.
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Peralta señaló que, de aprobarse el proyecto, el Estado tendrá injerencia en bienes privados y esto se considera un hecho anticonstitucional. “La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, estará exenta de la autoridad pública”, expresó citando el artículo 33 de la Constitución Nacional.
“Lo que se busca con esto es tener algún tipo de injerencia sobre qué es lo que se va a investigar o qué es lo que se quiere promover”, agregó.
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La mesa directiva de la Cámara Baja, presidida por el diputado Raúl Latorre, anunció que este martes 1 de octubre se trata el proyecto que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las oenegés, pese a que aún el Ejecutivo no envió modificaciones que había anunciado, ante las inconsistencias que rayan la inconstitucionalidad del proyecto cartista.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Dante Leguizamón, había mencionado a radio Monumental 1080 AM que el proyecto es una falacia, porque se sustenta en una supuesta laguna en el control y transparencia de las organizaciones.
Recalcó que las organizaciones están registradas en al menos siete instituciones, entre ellas la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
