El expediente, que tramita en el Juzgado Federal N°8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y tiene intervención del fiscal Eduardo Taiano, casi no ha avanzado aunque hay varias personas denunciadas, entre ellas el propio mandatario, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y empresarios vinculados al proyecto.
Hasta el momento, el juez ha convocado a ninguno de los imputados a prestar declaración indagatoria, el paso procesal que formaliza la imputación y habilita la defensa ante los cargos.
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En enero, la Sala I de la Cámara Federal ordenó actualizar en un plazo de 90 días los montos de los embargos dispuestos contra el empresario estadounidense Hayden Davis y los argentinos Mauricio Novelli (señalado como nexo entre Davis y Milei) y Manuel Terrones Godoy (socio de Novelli), que habían sido fijados inicialmente en torno a los 37 millones de pesos (unos USD 26.056).
La medida respondió a un planteo de la querella encabezada por el abogado y dirigente opositor Juan Grabois, que cuestionó la insuficiencia de las sumas trabadas.
La Justicia también debe resolver si acepta como querellantes a dos ciudadanos bielorrusos que aseguran haber perdido más de USD 2 millones al operar con el token.
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En paralelo, existe una causa en Estados Unidos ante la jueza Jennifer Rochon, en el Distrito Sur de Nueva York.
A fines de enero, el diario Clarín publicó un acuerdo confidencial firmado el 29 de enero de 2025 entre Milei y Davis, por el cual este último ofrecía asesoramiento “ad honorem” en blockchain e inteligencia artificial al Estado argentino.
El pasado 14 de febrero, Javier Milei hizo una publicación en redes sociales en apoyo al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, y afirmó que se dedicaría a “financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina”.
Tras el posteo el precio subió de forma abrupta, antes de desplomarse y horas después, el mandatario borró el mensaje y afirmó no estar “interiorizado” en el proyecto.
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Miles de inversores denunciaron haber perdido dinero al apostar por ese activo tras un mensaje publicado en el perfil del mandatario.
Un año después, la causa sigue sin avances sustanciales y sin indagatorias fijadas.
El Congreso creó una comisión investigadora, a la que ningún funcionario del Ejecutivo se presentó, y concluyó en su informe final que Milei “utilizó la investidura presidencial” y su hermana “facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno nacional y el acceso de los involucrados al presidente para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional”.
Fuente: EFE.
