Editorial

A Ultranza PY debe llegar hasta el fondo y no quedar en el oparei

El Operativo A Ultranza PY mostró el alto nivel de permeabilidad del narcotráfico en las diferentes esferas del Estado, ya sea directa o indirectamente. El esquema involucró a traficantes, lavadores de dinero con empresas de fachada y salpicó a políticos. Incluso uno de los imputados era proveedor del Estado y un pastor evangélico también blanqueaba capitales. Estos hechos no deben quedar en el oparei y los investigadores deben llegar hasta el fondo para que no queden cabos sueltos y los involucrados sean sancionados.

Este esquema narco reveló igualmente cómo por mucho tiempo personas que se presentaban como importantes empresarios de la sociedad lavaban el dinero proveniente del tráfico de cocaína. Con el correr de las investigaciones también saltaron nombres de políticos vinculados de alguna u otra manera a los detenidos o a la estructura del crimen organizado.

Los numerosos datos y documentos encontrados en los diferentes allanamientos siguen bajo proceso de análisis de parte de los fiscales. Un total de 112 allanamientos se realizaron hasta el momento. En la causa están detenidas 12 personas, hay 29 imputados y 17 prófugos. Se han incautado al menos 71 inmuebles, 10 avionetas, 27 vehículos de lujo, 48 motocicletas, 30 camiones, 41 tractores, 7 embarcaciones, 5.000 cabezas de ganado y 9 maquinarias agrícolas.

Entre los imputados, en esta causa lo que generó más impacto fue la participación del entonces diputado Juan Carlos Ozorio en el esquema, vinculado a los hermanos Miguel Insfrán y el pastor José Insfrán, quien blanqueaba capitales por medio de su congregación. Ozorio era presidente de la Cooperativa San Cristóbal, donde permitía presuntamente poner en circulación el dinero del tráfico de drogas del clan Insfrán. Por otra parte, saltaron audios que lo vincularon directamente con una estructura narco.

Sin lugar a dudas que también resaltó la destitución del ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, al comprobarse que compró un yate de uno de los principales imputados en el caso A Ultranza PY, Alberto Koube Ayala, incluso este era proveedor de la SEN.

Otro que llamó la atención es el diputado Erico Galeano por vender una propiedad, que no había registrado en su declaración jurada, a uno de los presuntos narcos detenidos en el Operativo A Ultranza PY. El inmueble fue allanado y en el sitio se encontró una factura a nombre del legislador y una camioneta de Miguel Insfrán (Tío Rico). Además realizó sospechosos movimientos de sumas multimillonarias en la Cooperativa Capiatá. Un aspecto como mínimo llamativo, Sebastián Marset, uno de los buscados en el operativo y sindicado como líder de la banda que enviaba droga a países de Europa, fue jugador del Deportivo Capiatá, donde Galeano fue presidente. El diputado omitió en su declaración jurada 12 cuentas bancarias, de las que 11 estaban activas antes del 2018, cuando asumió como parlamentario. Tras estos escándalos, Erico tuvo que renunciar a su candidatura a gobernador de Central, aunque no existe de la Fiscalía nada en concreto sobre él, ninguna medida.

El respaldo de la Policía internacional fue de gran relevancia para la investigación e identificación de los involucrados en el ilícito. Ahora es de esperar, ya que la causa quedó a nivel local, que no se evapore en el tiempo y los responsables de los diferentes eslabones sean sancionados una vez comprobadas fehacientemente sus participaciones en el esquema de narcotráfico y lavado de dinero. Por de pronto todavía falta la detención de varios principales elementos de la banda criminal. En esta instancia ya dependerá de las acciones de los investigadores locales.

La Fiscalía, los investigadores antidrogas y antilavado tienen una gran responsabilidad para asegurar que el proceso llegue a un final con la mayor cantidad de condenados con base en pruebas sólidas, que no puedan ser rebatidas en las instancias judiciales respectivas, porque estas hablan por sí solas en Derecho. En tanto, los jueces asimismo deben evitar el abuso del Derecho con chicanas de parte de los encausados que solo busquen empantanar el buen curso de la pesquisa y de las diligencias judiciales.

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