Marcelo Navajas fue enviado a prisión preventiva por tres meses en una cárcel de La Paz, explicó a los periodistas el fiscal Ruddy Terrazas.
La decisión fue adoptada por un juez tras una larga audiencia de casi 10 horas desde la tarde del pasado sábado hasta la madrugada de este domingo hora local en La Paz.
El fiscal detalló que la prisión preventiva también fue decretada para el ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud Fernando V., el ex director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Geovanni P. y el conocido en este proceso como “testigo clave” Luis Fernando H., todos ellos por seis meses.
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Una ex funcionaria de esa agencia estatal y una consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financia la compra, fueron enviadas a arresto domiciliario por seis meses, de acuerdo con el fiscal.
La abogada del ex ministro, Rosario Canedo, consideró injusta y arbitraria la decisión del juez, por “falta de seguridad jurídica” en un proceso que calificó de politizado, además de advertir del riesgo en prisión para Navajas, de 62 años, y que padece una enfermedad crónica del corazón.
Varios abogados de los procesados anunciaron apelaciones a la decisión del juez, que según el fiscal fue tomada con base en documentos, declaraciones y conversaciones telefónicas investigadas.
Un caso polémico en Bolivia
El juez que determinó la prisión preventiva y el arresto domiciliario, Hugo Huacani, se reincorporó a la causa este pasado sábado tras ser liberado después de haber sido detenido el día antes cuando se le esperaba para la audiencia, acusado de supuesta prevaricación en otro caso.
La detención del juez, de la que Fiscalía y Gobierno interino niegan cualquier implicación, generó críticas de interferencia en la Justicia, en un proceso polémico en Bolivia, que es el mayor escándalo de corrupción en los cerca de seis meses que lleva Jeanine Áñez en el poder de forma interina.
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El caso investiga una compra por supuesto sobreprecio, en al menos el triple de su valor, de 170 respiradores a una empresa en España, que están destinados a hospitales de Bolivia para pacientes críticos con coronavirus (Covid-19), aunque en el país colectivos médicos alertan de que solo valen para emergencias y no para terapia intensiva.
El contrato es cuestionado por el costo pagado, algo más de USD 27.000 por respirador, tras haberse firmado en un tiempo récord de cuatro días pese a las advertencias de varios funcionarios de posibles irregularidades, como la intervención del ex ministro sin que fuera preceptiva.
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La Cancillería boliviana llamó al cónsul del país en la ciudad española de Barcelona, David Alberto Pareja, para que informe si intervino en la compra, que está financiada por el BID con unos USD 5 millones.
Bolivia ya pagó cerca de USD 2,2 millones y el Gobierno interino del país asegura que no pagará más a la empresa intermediaria contratada en España, IME Consulting.
